La empresa, ¿es de los accionistas?
El debate que puede resumirse en shareholders versus stakeholders se traduce en una pregunta clave sobre el gobierno de la empresa: ¿la corporación existe para beneficio de sus accionistas o se debe a los grupos, que tienen interés en que la empresa sobreviva, como empleados, clientes y proveedores?
<strong>Opiniones diferentes</strong><br />
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Una encuesta realizada entre gerentes de varios países muestra cómo difieren las opiniones sobre el tema de “a quién pertenece la empresa”. En Japón, 97% de los interrogados dijeron que la empresa existe para todos los grupos de interés que giran a su alrededor, comparado con 83% en Alemania, 78% en Francia, 76% en Estados Unidos y 71% en Gran Bretaña.<br />
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La encuesta mostró otras diferencias en prioridades gerenciales entre esos países. Por ejemplo, los japoneses opinan que si atraviesan un período de dificultades financieras, es más importante mantener empleos que dividendos para los accionistas. Sólo 3% de los gerentes japoneses encuestados dijo que las compañías deben mantener el pago de dividendos a los accionistas aunque eso signifique que la compañía deba despedir empleados, comparado con 41% en Alemania, 40% en Francia y 89% en Estados Unidos y Gran Bretaña.<br />
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En el estudio, los investigadores desarrollaron un modelo matemático de gobernanza de grupos de interés (tipo 1). El modelo implica dos firmas hipotéticas (un duopolio) que compiten entre sí en la venta de productos y buscan evitar la quiebra para sobrevivir de un período al siguiente.<br />
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El modelo contempla los siguientes escenarios. En el primer período, las firmas son sometidas aleatoriamente a un shock en sus costos. Si el <em>shock </em>es lo suficientemente fuerte, podrían terminar en la quiebra. Si las dos firmas sobreviven, repiten la competencia en el siguiente período. Si sobrevive solamente una, ésa se convierte en monopólica en el segundo período. Al elegir los precios de su primer período, ambas firmas tienen en cuenta los efectos de esos precios en las ganancias del primer período y también la probabilidad de que la empresa llegue viva al segundo período.<br />
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El modelo demuestra que cuando las empresas se interesan por todos los grupos de personas que no son accionistas, esa preocupación lleva a suavizar la competencia, o sea, las firmas cobran precios más altos y reducen así la probabilidad de terminar en la quiebra. Como resultado, las ganancias en el primer período, como así también el valor de la firma, pueden crecer. “Y así, el interés por otros grupos puede en realidad terminar beneficiando a los accionistas a través del efecto sobre el valor de la firma”, explica Allen. <br />
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Finalmente, dado que con la globalización es común que las firmas nacionales compitan con las extranjeras, los investigadores quisieron ver cómo la globalización afecta la gobernanza. Descubrieron que a las firmas nacionales les va mejor con la entrada de firmas tipo 1.
Un trabajo titulado “<em>Stakeholder Capitalism, Corporate Governance and Firm Value</em>”, publicado conjuntamente por Franklin Allen (profesor de finanzas, Wharton) Elena Carletti (Centro de Estudios financieros, Universidad de Frankfort y Robert Marquez (Universidad de Arizona) concluye –aunque sin dar una respuesta definitiva– que hay algunos beneficios en poner primero a los grupos involucrados, con lo cual dan muestras de que el tema no está tan resuelto como se cree. <br />
El estudio usa un modelo matemático para explorar las ventajas y desventajas de las firmas orientadas hacia sus “<em>stakeholders</em>” (término de difícil traducción que refiere a todos los grupos que tienen interés en que la empresa sobreviva. Esos grupos (personas u organizaciones) pueden afectar o verse afectados de varias maneras por las decisiones de la empresa).<br />
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Primero, las empresas orientadas hacia sus <em>stakeholders </em>–que llamaremos firmas “tipo 1”– tienen menos producción y mayores precios pero pueden lograr más valor de firma que las orientadas hacia sus accionistas, que llamaremos “firmas tipo 2”. <br />
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Segundo, según el estudio, las firmas pueden voluntariamente elegir orientarse hacia sus grupos de interés para aumentar su valor.<br />
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Tercero, los investigadores encuentran que los consumidores que prefieren comprar bienes y servicios de las firmas tipo 1 pueden terminar aumentando el número de esas firmas en la sociedad. Finalmente, el estudio muestra que, con el surgimiento de la globalización, las empresas nacionales (tanto de tipo 1 ó 2) registran más ganancias cuando son firmas extranjeras de tipo 1y no de tipo 2 las que entran a los mercados de esas empresas nacionales.<br />
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Aunque el estudio encuentra muchas cosas a favor de las tipo 1, señala un inconveniente: los consumidores pueden terminar soportando aumentos de precios. Los precios altos permiten a esas empresas poner en práctica estructuras de gobernanza, casi siempre costosas, que benefician más a la gente en general que a los accionistas.<br />
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El trabajo aparece en un momento en que algunos países con clima comercial de tipo 1, como Alemania y Francia, se sienten presionados a reavivar sus (hasta hace muy poco) moribundas economías adoptando políticas que están más cerca del tipo 2 (o sea de sus accionistas). Tanto la canciller alemana Angela Merkel, como el presidente francés Nicolás Sarkozy ganaron las elecciones prometiendo por lo menos algún cambio en esa dirección.<br />
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El estudio se incorpora a la discusión de la gobernanza empresarial y del rol de las compañías frente a sus grupos de interés. En Estados Unidos y las economías anglosajonas, la ley es bien clara cuando dice que los accionistas son los dueños de las firmas y que los gerentes tienen una responsabilidad fiduciaria para actuar según los intereses de los accionistas. Casi toda la literatura académica sobre gobernanza comienza con esta postura y, ciertamente, ésa es la orientación dominante en el mundo empresarial en esos países.<br />
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Pero en otras sociedades, la maximización del valor para el accionista está lejos de ser aceptada como paradigma. En este estudio, Allen y su equipo analizan países donde los intereses de otros grupos tienen incidencia en las políticas empresariales.<br />
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<strong>Los trabajadores</strong><br />
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El sistema legal alemán, por ejemplo, es muy claro en que las firmas no tienen como única obligación la persecución de los intereses de los accionistas. Según el sistema alemán de codeterminación, empleados y accionistas en las grandes empresas tienen igual número de bancas en los comités de supervisión, y los intereses de ambas partes deben ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. En Dinamarca, los empleados en firmas con más de 35 trabajadores eligen un tercio de los miembros del directorio de la firma, con un mínimo de dos. En Suecia, las compañías con más de 25 empleados deben tener dos representantes obreros en el directorio. Esos directores obreros cuentan con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los directores.<br />
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La situación es algo diferente en Francia. Las firmas francesas con más de 50 trabajadores tienen en sus directorios representantes de los empleados, pero sin derecho a voto. También existen sistemas de codeterminación más convencionales para firmas del sector público francés que han sido privatizadas; las empresas pueden introducir voluntariamente esos sistemas. En Finlandia, las empresas también pueden decidir voluntariamente designar representantes de los empleados en el directorio. En toda la Unión Europea, otro tipo de participación de los trabajadores en la toma de decisiones es el comité empresarial, un grupo integrado por trabajadores que tiene voz (no voto) en temas como despidos y cierre de plantas. Una organización con por lo menos 1.000 empleados, de los cuales haya 150 o más en por lo menos dos países de la Unión, debe tener un “comité empresarial europeo”.<br />
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En Japón la situación difiere de la de Estados Unidos y Gran Bretaña. Los ejecutivos japoneses no tienen responsabilidad fiduciaria ante los grupos de interés, pero pueden ser acusados de negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones. Es práctica aceptada en Japón que las empresas persiguen los intereses de una gran variedad de grupos.
