Estados Unidos querella a Standard & Poor’s

La justicia acusa a la calificadora de riesgo de disimular el riesgo de ciertos instrumentos de crédito cruciales en la creación de la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión. 

5 febrero, 2013

La noticia sorprende al mundo, ya que S&P así como otras grandes agencias calificadoras norteamericanas fueron financiera y políticamente apoyadas por el primer gobierno de Obama, a pesar de haber sido responsables directos de la crisis de 2008, que aún en 2013 no deja de diseminarse y profundizarse a través del planeta.

El Departamento de Justicia de EEUU llenó ayer una denuncia en la ciudad de Los Ãngeles, acusando a McGraw-Hill –la centenaria empresa editorial y educativa que desde 1966 es propietaria de S&P- de tres tipos de fraude. Tras conocerse la noticia las acciones de McGraw-Hill se derrumbaron como nunca antes en los últimos 25 años. 

Si bien ya en las últimas semanas el gobierno estadounidense ha cobrado multas millonarias a algunos de los más grandes bancos del mundo, la demanda contra S&P representa la primera contra una calificadora de riesgo internacional. 

S&P emitió calificaciones de riesgo por más de US$280.000  millones en hipotecas residenciales garantizadas con seguros y US$120.000 millones en CDOs (collateralized-debt obligations), entre el 2004 y el 2007. La empresa disimuló los riesgos en paquetes de seguros con el fin de ganar más negocios provenientes de las inversiones bancarias que emitieron las hipotecas, los bonos, préstamos y otros activos; según la denuncia presentada por la justicia.

“Este es un uso del estatuto totalmente nuevoâ€, comentó a Bloomberg Claire Hill, profesora de leyes de la Universidad de Minnesota. “Que yo sepa, este tipo de decisiones no se ha tomado nunca antesâ€.

Bajo el acta de Refuerzo, Reforma y Recuperación de Instituciones Financieras, de 1989, el gobierno puede exigir multas de hasta US$1.100 millones por cada violación.

Según la denuncia, mediante falseamiento de datos S&P convenció a los inversores que sus calificaciones eran objetivas, independientes y no estaban influenciadas por ningún conflicto de intereses. 

 

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