Investigan a los “ñoquis”
El juez Literas solicitó informes sobre la situación de los presuntos "ñoquis" del Senado denunciados por el vicepresidente. El cuerpo realiza un censo y cruza datos con ANSES.
El juez Gustavo Literas tiene a su cargo la causa abierta por la presunta existencia de empleados falsos (ñoquis) en el Congreso de la Nación. Con ello, la cuestión planteada por sucesivas denuncias del vicepresidente de la República, Carlos Alvarez, abandona –en parte– la arena política para instalarse en los estrados judiciales. El expediente se abrió en el juzgado a raíz de la presentación de Juan Carlos Iglesias, quien lo hizo a título personal, basándose en las declaraciones públicas de Alvarez, iniciadas en el mes de febrero pasado.
Dos son los aspectos que definen la figura del denominado “ñoqui”: 1.- que solamente aparezca en el Congreso a cobrar su sueldo; 2.- que se pueda demostrar que su horario en el Palacio Legislativo se superpone con el de otras actividades. Para documentarse al respecto, el magistrado libró oficios al Senado. Recibió como respuesta la nómina de los 3156 nombres de los empleados del Senado, difundida por el vicepresidente, acompañada de una nota en la que el asesor legal del cuerpo, Víctor Vanini, da cuenta de las investigaciones que se realizan para contar con informaciones precisas al respecto.
El documento enviado al magistrado explica que se realiza un censo de personal para detectar quiénes trabajan, en cuáles áreas, los horarios correspondientes y de quién dependen los empleados. Se confía en tenerlo listo para el mes próximo, en virtud de que su confección se encuentra demorada por el pedido de algunos senadores de conocer ,con antelación, el cuestionario a que se somete al personal.
El asesor legal hace constar –según se difundió– que el licenciado Alvarez solicitó a ANSES que entrecruzara los datos del personal del Senado para establecer la existencia de presuntas incompatibilidades. Los empleados legislativos gozan de estabilidad por un estatuto legal y la única manera de desplazarlos de sus funciones es mediante un sumario administrativo que demuestre su culpa.
En el contexto de evitar confrontaciones entre la Alianza y el Justicialismo, ambos sectores procuran establecer una acción conjunta para posibilitar la transparencia administrativa y disminuir el gasto, evitando que la polémica lesione la imagen pública de las instituciones políticas.
El juez Gustavo Literas tiene a su cargo la causa abierta por la presunta existencia de empleados falsos (ñoquis) en el Congreso de la Nación. Con ello, la cuestión planteada por sucesivas denuncias del vicepresidente de la República, Carlos Alvarez, abandona –en parte– la arena política para instalarse en los estrados judiciales. El expediente se abrió en el juzgado a raíz de la presentación de Juan Carlos Iglesias, quien lo hizo a título personal, basándose en las declaraciones públicas de Alvarez, iniciadas en el mes de febrero pasado.
Dos son los aspectos que definen la figura del denominado “ñoqui”: 1.- que solamente aparezca en el Congreso a cobrar su sueldo; 2.- que se pueda demostrar que su horario en el Palacio Legislativo se superpone con el de otras actividades. Para documentarse al respecto, el magistrado libró oficios al Senado. Recibió como respuesta la nómina de los 3156 nombres de los empleados del Senado, difundida por el vicepresidente, acompañada de una nota en la que el asesor legal del cuerpo, Víctor Vanini, da cuenta de las investigaciones que se realizan para contar con informaciones precisas al respecto.
El documento enviado al magistrado explica que se realiza un censo de personal para detectar quiénes trabajan, en cuáles áreas, los horarios correspondientes y de quién dependen los empleados. Se confía en tenerlo listo para el mes próximo, en virtud de que su confección se encuentra demorada por el pedido de algunos senadores de conocer ,con antelación, el cuestionario a que se somete al personal.
El asesor legal hace constar –según se difundió– que el licenciado Alvarez solicitó a ANSES que entrecruzara los datos del personal del Senado para establecer la existencia de presuntas incompatibilidades. Los empleados legislativos gozan de estabilidad por un estatuto legal y la única manera de desplazarlos de sus funciones es mediante un sumario administrativo que demuestre su culpa.
En el contexto de evitar confrontaciones entre la Alianza y el Justicialismo, ambos sectores procuran establecer una acción conjunta para posibilitar la transparencia administrativa y disminuir el gasto, evitando que la polémica lesione la imagen pública de las instituciones políticas.
