Camaristas denunciados por coimas
Son del fuero Comercial, uno de ellos confesó haber cobrado coimas para arreglar los fallos, otro renunció y al tercero lo están investigando. La seguridad en este fuero es imprescindible para los inversores.
Diez camaristas comerciales y el fiscal de Cámara ,Raúl Calle Guevara, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura acusando a tres jueces de cohecho.
Los doctores Manuel Jarazo Veiras, Isabel Miguez de Cantore y Julio Peirano están imputados por supuestos sobornos, en dos causas que tramitan en los juzgados de instrucción a cargo de Sergio Torres y Adolfo Calvete; así consta en la presentación que el pleno de la cámara envió al Consejo de la Magistratura para que lo investigue.
Ante esta presentación, los tres magistrados en cuestión han tomado diferentes actitudes; Jarazo Veiras renunció, sospechado de recibir dinero de una importante empresa por medio de un abogado amigo.
La Dra. Miguez de Cantore, de la Sala A de la Cámara Comercial, admitió ante sus pares haber cometido “iregularidades” y, el tercer miembro del tribunal, terminó autoincriminándose a pesar de haber comenzado negando los dichos de su colega.
Este nuevo caso de corrupción no es sólo uno más para agregar a la lista; el fuero comercial es clave para que la Argentina garantice la seguridad jurídica que reclaman los inversores.
Allí se tramitan los concursos y las quiebras de las principales empresas del país, los problemas societarios que se presentan entre accionistas, los que se vinculan con el uso de tarjetas de crédito y seguros, o los que generan los incumplimientos de cheques y de pagarés.
“Lo inédito del caso es que acá no hay un juez o un camarista sospechado sino tres, y que las prácticas ilegales, según la propia magistrada, no parecen una cosa nueva”, admitieron, al diario La Nación, tres de los camaristas que firmaron la denuncia y que reconocen que no saben cómo terminará este escándalo.
Todo comenzó a fines de diciembre último, cuando una demanda promovida por la accionista Mónica Madanes, solicitando que se declare la nulidad de decisiones adoptadas por la asamblea ordinaria y extraordinaria de Aluar Aluminios Argentinos, el 6 de octubre de 1994, fue rechazada por la Sala A de la Cámara Comercial.
Un fax del 11 de febrero de 2000, en el que se comunicó el fallo a la Bolsa de Comercio, antes de que Madanes supiera que había perdido el caso, desencadenó la investigación.
La Sala en cuestión fue allanada y varias filmaciones con cámaras ocultas registraron diálogos comprometedores entre abogados que tramitaban causas allí y letrados vinculados con los camaristas sospechados, que prometían mediar para conseguir fallos favorables.
Diez camaristas comerciales y el fiscal de Cámara ,Raúl Calle Guevara, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura acusando a tres jueces de cohecho.
Los doctores Manuel Jarazo Veiras, Isabel Miguez de Cantore y Julio Peirano están imputados por supuestos sobornos, en dos causas que tramitan en los juzgados de instrucción a cargo de Sergio Torres y Adolfo Calvete; así consta en la presentación que el pleno de la cámara envió al Consejo de la Magistratura para que lo investigue.
Ante esta presentación, los tres magistrados en cuestión han tomado diferentes actitudes; Jarazo Veiras renunció, sospechado de recibir dinero de una importante empresa por medio de un abogado amigo.
La Dra. Miguez de Cantore, de la Sala A de la Cámara Comercial, admitió ante sus pares haber cometido “iregularidades” y, el tercer miembro del tribunal, terminó autoincriminándose a pesar de haber comenzado negando los dichos de su colega.
Este nuevo caso de corrupción no es sólo uno más para agregar a la lista; el fuero comercial es clave para que la Argentina garantice la seguridad jurídica que reclaman los inversores.
Allí se tramitan los concursos y las quiebras de las principales empresas del país, los problemas societarios que se presentan entre accionistas, los que se vinculan con el uso de tarjetas de crédito y seguros, o los que generan los incumplimientos de cheques y de pagarés.
“Lo inédito del caso es que acá no hay un juez o un camarista sospechado sino tres, y que las prácticas ilegales, según la propia magistrada, no parecen una cosa nueva”, admitieron, al diario La Nación, tres de los camaristas que firmaron la denuncia y que reconocen que no saben cómo terminará este escándalo.
Todo comenzó a fines de diciembre último, cuando una demanda promovida por la accionista Mónica Madanes, solicitando que se declare la nulidad de decisiones adoptadas por la asamblea ordinaria y extraordinaria de Aluar Aluminios Argentinos, el 6 de octubre de 1994, fue rechazada por la Sala A de la Cámara Comercial.
Un fax del 11 de febrero de 2000, en el que se comunicó el fallo a la Bolsa de Comercio, antes de que Madanes supiera que había perdido el caso, desencadenó la investigación.
La Sala en cuestión fue allanada y varias filmaciones con cámaras ocultas registraron diálogos comprometedores entre abogados que tramitaban causas allí y letrados vinculados con los camaristas sospechados, que prometían mediar para conseguir fallos favorables.
