Piden que se suspendan los aumentos de tarifas
La defensora del Pueblo porteña promovió una acción de amparo ante la justicia para pedir que se deje sin efecto el decreto que autoriza aumentos en los servicios de gas y luz.
Alicia Oliveira solicitó una “medida cautelar” para que se
suspenda el decreto de necesidad y urgencia 2437/02, que habilitó
incremento en las tarifas de los servicios públicos, en el marco
de una acción “en defensa y protección de los usuarios”.
“El Poder Ejecutivo insiste con el aumento de tarifas de manera
inconstitucional e ilegítima, ya que no cumple con los
procedimientos mínimos establecidos en la Ley de Emergencia
Económica”, señaló la defensora en la presentación.
También destacó que el aumento “esta en total contradicción con
los derechos de los usuarios” protegidos por la Carta Magna.
Oliveira pidió que se declare la “inconstitucionalidad y por
ende la nulidad absoluta e insanable del decreto 2437/02” que ayer
fue publicado en el Boletín Oficial.
La accionante criticó que el decreto “sólo tiene en cuenta el
interés de las empresas sin atender los demás criterios
establecidos por el legislador en la ley de emergencia
económica”.
Según la petición, las pruebas de la necesidad de ajustar
tarifas “no han sido analizadas por las demás partes que
intervienen en el proceso de renegociación”, como los usuarios,
indicó la defensoría.
El nuevo intento del Ejecutivo por imponer el aumento tarifario
presenta “las mismas falencias y vicios que los anteriores”, alegó
Oliveira, al tiempo que consideró que la suba aparece como “una
cuestión ajena al proceso de renegociación integral de los
contratos.
Alicia Oliveira solicitó una “medida cautelar” para que se
suspenda el decreto de necesidad y urgencia 2437/02, que habilitó
incremento en las tarifas de los servicios públicos, en el marco
de una acción “en defensa y protección de los usuarios”.
“El Poder Ejecutivo insiste con el aumento de tarifas de manera
inconstitucional e ilegítima, ya que no cumple con los
procedimientos mínimos establecidos en la Ley de Emergencia
Económica”, señaló la defensora en la presentación.
También destacó que el aumento “esta en total contradicción con
los derechos de los usuarios” protegidos por la Carta Magna.
Oliveira pidió que se declare la “inconstitucionalidad y por
ende la nulidad absoluta e insanable del decreto 2437/02” que ayer
fue publicado en el Boletín Oficial.
La accionante criticó que el decreto “sólo tiene en cuenta el
interés de las empresas sin atender los demás criterios
establecidos por el legislador en la ley de emergencia
económica”.
Según la petición, las pruebas de la necesidad de ajustar
tarifas “no han sido analizadas por las demás partes que
intervienen en el proceso de renegociación”, como los usuarios,
indicó la defensoría.
El nuevo intento del Ejecutivo por imponer el aumento tarifario
presenta “las mismas falencias y vicios que los anteriores”, alegó
Oliveira, al tiempo que consideró que la suba aparece como “una
cuestión ajena al proceso de renegociación integral de los
contratos.
