El gobierno terminaría el año con un superávit primario record
El Gobierno nacional cuenta con la posibilidad de cerrar el 2003 con un superávit primario fiscal récord del 2,2 por ciento del PBI, según estimó hoy la Fundación Capital.
La entidad aseguró “la buena performance de la recaudación abre
la posibilidad de terminar el 2003 con equilibrio en las cuentas
públicas de la Nación”.
En su informe semanal, en el cual analiza el estado de las
finanzas públicas, la Fundación consideró que “la relación con el
FMI mejorará a medida que aumente el superávit fiscal primario
consolidado”.
La entidad indicó que el desequilibrio de caja proyectado para
2003 sería de 965 millones de pesos, minimizando de este modo las
necesidades de recurrir al Banco Central para que asista al Tesoro
mediante la emisión de dinero.
Asimismo, estimó que el nivel de ingresos de las provincias en
2003 tendría un incremento sustancial del orden de los 10 mil
millones de pesos.
En este orden, indicó que el sector público provincial
consolidado no debería tener problemas para cumplir con la meta de
desequilibrio de caja de 1.100 Millones de pesos, ni para la de
superávit primario del 0,4 por ciento del PBI.
“De este modo, se observa que el sector público consolidado
podría arribar a fin de 2003 con un superávit primario de 2,8 por
ciento del PBI, habiendo sobrecumplido con las metas acordadas con
el FMI”, evaluó la entidad que preside el economista Carlos
Pérez.
Al respecto, consideró que “las provincias deberían seguir a la
Nación en el esfuerzo por incrementar el superávit primario, de
modo tal que haga factible la reestructuración de la deuda,
evitando cometer el error de los 90 de transformar a sus sectores
públicos como motor de crecimiento de las economías”.
Sostuvo que “con la competitividad que ha ganado la economía
argentina a través de la devaluación y que ya se palpa en las
economías regionales, el sector público tiene que tener un
comportamiento austero”.
Pese a la evolución positiva que trazó, la Fundación consideró
que el sector público “luego de la reestructuración de la deuda
pública deberá hacer frente a mayores erogaciones en concepto de
intereses”.
Además, sostuvo que el Estado “deberá generar el ahorro de
recursos que amortiguen los efectos de futuras contracciones de la
economía”.
La entidad aseguró “la buena performance de la recaudación abre
la posibilidad de terminar el 2003 con equilibrio en las cuentas
públicas de la Nación”.
En su informe semanal, en el cual analiza el estado de las
finanzas públicas, la Fundación consideró que “la relación con el
FMI mejorará a medida que aumente el superávit fiscal primario
consolidado”.
La entidad indicó que el desequilibrio de caja proyectado para
2003 sería de 965 millones de pesos, minimizando de este modo las
necesidades de recurrir al Banco Central para que asista al Tesoro
mediante la emisión de dinero.
Asimismo, estimó que el nivel de ingresos de las provincias en
2003 tendría un incremento sustancial del orden de los 10 mil
millones de pesos.
En este orden, indicó que el sector público provincial
consolidado no debería tener problemas para cumplir con la meta de
desequilibrio de caja de 1.100 Millones de pesos, ni para la de
superávit primario del 0,4 por ciento del PBI.
“De este modo, se observa que el sector público consolidado
podría arribar a fin de 2003 con un superávit primario de 2,8 por
ciento del PBI, habiendo sobrecumplido con las metas acordadas con
el FMI”, evaluó la entidad que preside el economista Carlos
Pérez.
Al respecto, consideró que “las provincias deberían seguir a la
Nación en el esfuerzo por incrementar el superávit primario, de
modo tal que haga factible la reestructuración de la deuda,
evitando cometer el error de los 90 de transformar a sus sectores
públicos como motor de crecimiento de las economías”.
Sostuvo que “con la competitividad que ha ganado la economía
argentina a través de la devaluación y que ya se palpa en las
economías regionales, el sector público tiene que tener un
comportamiento austero”.
Pese a la evolución positiva que trazó, la Fundación consideró
que el sector público “luego de la reestructuración de la deuda
pública deberá hacer frente a mayores erogaciones en concepto de
intereses”.
Además, sostuvo que el Estado “deberá generar el ahorro de
recursos que amortiguen los efectos de futuras contracciones de la
economía”.
