Sarkozy, el eventual tratado europeo, la huelga y su divorcio
Los gobiernos de la Unión Europea aprobaron otro borrador de tratado constitucional, que planteará un proceso de ratificación donde pesarán crisis locales. Como la de Nicolas Sarkozy, sus líos domésticos y el primer paro contra sus reformas.
Los veintisiete jefes de estados estaban en Portugal, que ocupa la presidencia rotatoria dela UE. Trece de los socios –Alemania, Francia, Holanda, Benelux (tres), Dinamarca, España, Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia e Italia- pertenecen a la Eurozona, donde impera la moneda común. El resto abarca Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Polonia, los estados bálticos (tres), Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, 2/3 de Chipre, Malta y Bulgaria. Curiosidad: dos países ajenos a la UE, Montenegro y Kósovo, emplean el euro.
Sin huecos símbolos –himno, por ejemplo-, los fines del borrador no cambian: más poder político para la cúpula de la UE. Su meta es manejar la mayor economía del mundo, consolidar el bloque y darle creciente influencia global. Pero los “euroescépticos” subrayan tres omisiones relevantes: no se define una política común de defensa ajena a la OTAN, no se encara el anacronismo británico –aferrarse a la libra no aceptando el euro- y nada se dice de Suiza, Islandia y Noruega, que no forman parte de la UE.
La futura presidencia tendrá más facultades ejecutivas y un mandato de treinta meses. El gabinete incluirá un alto comisionado de relaciones exteriores y la comisión europea irá achicándose desde 2014. Por el contrario, aumentará el papel del parlamento. Para arribar a un acuerdo sobre el borrador –bastante inferior a las 6.000 carillas del anterior-, se precisó conformar a Italia (obtuvo una banca extra y mantener su lengua entre las cinco básicas, junto con el inglés, el alemán, el francés y el castellano) y a Opolonia, que reclamaba salvaguardias para evitar que los socios grandes les pasen por encima a los demás.
El eventual tratado comenzará a tener vigencia en 2009, si superar el proceso de ratificación. Esto será sin duda facilitado por la ausencia de cláusulas consideradas atentatorias de las identidades nacionales.
Ahora bien, con el borrador ya aprobado, los gobiernos de la UE tuvieron apenas horas para organizar un frente común con vistas a la asamblea conjunta semestral Banco Mundial-Fondo Monetario y reunión ministerial del Grupo de los 7, abierta el mismo día en Washington. Esta incómoda coincidencia de fechas responde a un hecho silenciado pero insoslayable: la dupla FMI-BIRF pierde influencia global y, por el contrario, el G 7 la aumenta. En lo tocante a la UE, dos temas dominan su agenda: la irrupción de fondos inversores soberanos (China, Rusia) o feudales (los países de la península arábiga) y la seguidilla de récords marcado por el euro contra el dólar.
Obviamente, todo lo anterior es más trascendente para los europeos que el divorcio de Sarkozy o sus problemas en el frente laboral. No obstante, la huelga de los trabajadores transportistas apunta a un programa drástico de reformas socioeconómicas cuyo sesgo puede influir en la evolución (o involución) de la UE. Entre otras, el presidente quiere elevar la cantidad de años activos para el personal de ferrocarriles, otros medios de transporte y los servicios públicos. Según sondeos efectuados para “Le figaro”, un diario de derechas, 67% de los consultados apoya las reformas.
Los veintisiete jefes de estados estaban en Portugal, que ocupa la presidencia rotatoria dela UE. Trece de los socios –Alemania, Francia, Holanda, Benelux (tres), Dinamarca, España, Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia e Italia- pertenecen a la Eurozona, donde impera la moneda común. El resto abarca Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Polonia, los estados bálticos (tres), Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, 2/3 de Chipre, Malta y Bulgaria. Curiosidad: dos países ajenos a la UE, Montenegro y Kósovo, emplean el euro.
Sin huecos símbolos –himno, por ejemplo-, los fines del borrador no cambian: más poder político para la cúpula de la UE. Su meta es manejar la mayor economía del mundo, consolidar el bloque y darle creciente influencia global. Pero los “euroescépticos” subrayan tres omisiones relevantes: no se define una política común de defensa ajena a la OTAN, no se encara el anacronismo británico –aferrarse a la libra no aceptando el euro- y nada se dice de Suiza, Islandia y Noruega, que no forman parte de la UE.
La futura presidencia tendrá más facultades ejecutivas y un mandato de treinta meses. El gabinete incluirá un alto comisionado de relaciones exteriores y la comisión europea irá achicándose desde 2014. Por el contrario, aumentará el papel del parlamento. Para arribar a un acuerdo sobre el borrador –bastante inferior a las 6.000 carillas del anterior-, se precisó conformar a Italia (obtuvo una banca extra y mantener su lengua entre las cinco básicas, junto con el inglés, el alemán, el francés y el castellano) y a Opolonia, que reclamaba salvaguardias para evitar que los socios grandes les pasen por encima a los demás.
El eventual tratado comenzará a tener vigencia en 2009, si superar el proceso de ratificación. Esto será sin duda facilitado por la ausencia de cláusulas consideradas atentatorias de las identidades nacionales.
Ahora bien, con el borrador ya aprobado, los gobiernos de la UE tuvieron apenas horas para organizar un frente común con vistas a la asamblea conjunta semestral Banco Mundial-Fondo Monetario y reunión ministerial del Grupo de los 7, abierta el mismo día en Washington. Esta incómoda coincidencia de fechas responde a un hecho silenciado pero insoslayable: la dupla FMI-BIRF pierde influencia global y, por el contrario, el G 7 la aumenta. En lo tocante a la UE, dos temas dominan su agenda: la irrupción de fondos inversores soberanos (China, Rusia) o feudales (los países de la península arábiga) y la seguidilla de récords marcado por el euro contra el dólar.
Obviamente, todo lo anterior es más trascendente para los europeos que el divorcio de Sarkozy o sus problemas en el frente laboral. No obstante, la huelga de los trabajadores transportistas apunta a un programa drástico de reformas socioeconómicas cuyo sesgo puede influir en la evolución (o involución) de la UE. Entre otras, el presidente quiere elevar la cantidad de años activos para el personal de ferrocarriles, otros medios de transporte y los servicios públicos. Según sondeos efectuados para “Le figaro”, un diario de derechas, 67% de los consultados apoya las reformas.
