Disputa en Libia por US$ 65.000 millones
Un conflicto de intereses surgió en torno la Autoridad Inversora Libia (AIL) y sospechan corrupción en su fondo soberano (FSL). Algunos socios del Consejo Nacional de Transición (CNT) apuntan al colega que conduce la investigación, Mahmud Badí.
<p>Esta entidad es clave para mantener la estabilidad financiera de este país rico en hidrocarburos. Libia sale de una guerra civil de siete meses, y cuyo costo en vidas podría superar las 50.000 víctimas. <br />
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Albuderí Sharihá, nombrado director jefe en el departamento jurídico de la AIL en julio de 2009, señaló a algunos medios que Mohamed Layas permanecerá a cargo del FSL. Pero este funcionario había sido puesto por Se’if al-Islam, eventual sucesor de Muammar Ghadafi.<br />
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“La AIL opera ahora bajo el CNT, que ha confirmado a Layas y su segundo, Rafik Nayed como director ejecutivo”, sostiene Sharihá. Según él, la autoridad ha comunicado las novedades a fondos, estudios legales y empresas donde el FS tiene colocaciones en el sector. “Varios jefes departamentales ya han reiniciado tareas”. <br />
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Sin embargo, Badí –ex tecnócrata en la administración del coronel- insiste en haber sido nombrado interinamente en el puesto que reivindica Layas. Fue decisión de Alí Tarhuní, ministro del CNT para asuntos financieros y petroleros. “Badí ha sido designado por el propio consejo para poner en orden una oficina desquiciada y corrupta”, afirmaba Mahmud al-Agorí, asesor del nuevo funcionario.<br />
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Este choque por un mismo cargo subraya tanto la confusión reinante tras la veloz caída del ancien régime cuanto los obstáculos que afronta el CNT para reconstruir el tejido gubernamental. Tarhuní aclaro que Layas y Nayed son temporarios y carecen de facultades ejecutivas. “En pocos días, se habrán aclarado los malentendidos”, adelantó sin sonrojarse. Lo único cierto es que parte del CNT quiere continuidad en al AIL mientras se instala el gobierno definitivo.<br />
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Pero muchos, dentro y fuera del consejo, exigen investigaciones inmediatas. El FSL, en efecto, representa una cartera de US$ 65.000 millones, víctima o vehículo de prácticas corruptas. “Muchos ex funcionarios de la AIL deben responder por malversación de fondos y otros abusos. No hay lugar para ellos en ninguna de ambas entidades”, insiste el-Agorí. Entretanto, Naciones Unidas aprobaba un pedido de Londres para liberar US$ 1.550 millones en activos libios confiscados y depositados en bancos británicos. <br />
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