Tras el telón rural, combustibles y transportes argentinizados abren el camino al ajuste tarifario
La pulseada entre gobierno y productores resultó ser política, en la práctica las retenciones habían vuelto al 35 % anterior al conflicto. Tras la humareda, cambió el índice del INdEC y empezó la recomposición de las tarifas públicas
<p>Retrotraer las retenciones al 10 de marzo implicaría dejarlas en un nivel como el actual, aunque "móvil", del 35 %, con lo que ese vocablo sólo quedaría hoy como la piedra de la discordia con los dirigentes agropecuarios, que ya lo traían aceptado antes que se desatara la controversia. Si los valores internacionales de commodities como la soja siguieran subiendo como lo venían haciendo hasta hace poco, el riesgo sería que presionaran por arrastre sobre la canasta básica de alimentos, al volcar a los productores hacia su cultivo en desmedro de otras actividades rurales, como el trigo, las vacas y la leche.</p><p>Pero por lo que se sabe de las intenciones de siembra, la apuesta de los hombres de campo para esta campaña ya había descomprimido la inclinación por la soja. La expectativa privada, en consecuencia, ha sido contraria al temido aumento de precio de los commodities y ello se reflejará en el mercado de futuros, en cuanto empiece a funcionar.</p><p>No hace falta más que dar una recorrida por las tierras fértiles de la región central del país (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa) para comprobar que, en muchas parcelas donde antes había soja, ahora se implanta maíz o aparecen vacunos para cría. </p><p>La foto anterior al conflicto entre gobierno y agro mostraba una Argentina productora de 95 millones de toneladas de granos, de los cuales la mitad era soja. Del lado interno, hay 38 millones de habitantes para alimentar, que demandan las casi 10 millones de toneladas que se procesan en los molinos.</p><p>En consecuencia, los pronósticos del Banco Mundial sobre la incidencia que tendrá el alza de los alimentos en la generación de pobreza global no deberían dan de lleno en la realidad nacional. Así planteados el consumo doméstico versus la provisión al mundo, no debería existir conflicto por escasez. Salvo en el caso de la leche, donde los sacos de 25 kilos que se despachan en polvo hacia Venezuela o Brasil parecen extrañarse a la hora de ser entregado el suero a las usinas lácteas.</p><p>Detrás del detonante de la crisis sectorial, con ramificaciones políticas de impredecible alcance futuro, que significara el término "móviles" ahora en renegociación, late como en las entrañas de un volcán que despereza de su letargo uno de los pilares del modelo económico instaurado en 2002 y seguido por la administración del matrimonio Kirchner: el superávit fiscal.<br /></p>
<p><strong>Bienvenido Señor Gasto</strong></p><p>El bautismo de la víspera en los atriles del ministro de Economía reemplazante de Martín Lousteau, Carlos Fernández, tuvo a ese "pilar" como tema excluyente, aunque para destacar que había aumentado más la recaudación que el gasto.</p><p>Pero Lousteau había estimado recaudar US$ 1.500 millones para el fisco con las retenciones móviles y esos fondos ya no estarán en las proyecciones de la caja. Aunque no por el paro agropecuario, ni porque se dejase todo como estaba antes del 10 de marzo, sino porque las cuentas del ex ministro correspondían a las pizarras del año pasado, cuando los commodities venían en astronómico ascenso.</p><p>La mejor prueba de este aserto ha sido la decisión de muchos productores de la pampa húmeda (anterior al paro) de cambiar la ecuación de campaña, por maíz-ganado, trigo-soja o sorgo e incorporar en la rotación semillas que se utilizan para los biocombustibles.</p><p>La insistencia con la soja se dio más en las áreas menos productivas para los cereales y la ganadería, alejadas de la región central o accidentadas geográficamente como las mesopotámicas. Además de la presencia de un líder como Alfredo de Angeli, esta característica del cultivo explica la dureza de los productores entrerrianos en el conflicto, templados al mismo tiempo por la gimnasia de los cortes y movilizaciones que les confiriera la gesta de Gualeguaychú contra las pasteras radicadas en la otra margen del río Uruguay por casi dos años.</p><p>Al gobierno hoy le está faltando gran parte de los US$ 1.500 millones que esperaba recaudar con las retenciones móviles, por la sencilla razón de que los precios internacionales no siguieron en alza, como venían, en los tramos finales de la campaña 2007-2008. Y ése es el intríngulis a resolver por la administración de Cristina Kirchner.</p><p>Carlos Fernández privilegió en su informe el crecimiento de 72 % en la recaudación de abril, aunque nada dijo de la inflación que habría que descontarle para su ponderación real, ni que ese mes fue "sandwich" en la liquidación de exportaciones agrícolas, porque se volcaron las retenidas durante el paro de 21 de marzo.</p><p>El ministro esgrimió como éxito la diferencia entre el aumento de los ingresos y el de egresos ($ 2.800 millones) y de los porcentajes de incremento de uno y otro (72 % contra 51 % de los gastos), pero el problema a resolver empieza desde las cuentas del mes en curso.</p><p>Las obligaciones asumidas por el Estado se dividen entre las puramente sociales, las referidas a la administración de los precios y la inversión pública. </p><p>El aumento jubilatorio de 7,5 % explica el 36 % del incremento general. Junto con las asignaciones familiares, la cobertura asistencial del PAMI, el régimen de jubilación anticipada y la moratoria previsional serían los factores inelásticos para sacarle presión a la caja. Podrían, eso sí, crearse fuentes de refuerzo para atenderlas, como la incorporación de gran parte del trabajo en negro que representa la mitad de la masa laboral. Fernández pasó por AFIP y sabe que el problema es de administración pero también estructural que sólo una reforma podría acometer.<br /></p>
<p>La inversión pública creció 10 % y, si bien podrían estudiarse los destinos, como hiciera Macri al echar atrás las obras de puentes y colectoras en el parque Chacabuco, da empleo, mantiene y renueva infraestructura y cubre de algún modo el bache por la falta de iniciativas privadas que acompañen el crecimiento económico en su conjunto.</p><p>El rubro que determinó otro 36 % de suba en los gastos es nada menos que los subsidios, un pilar, sino económico, de gestión elegido por Kirchner para desarrollar su política intervencionista. Y ahí sí que habría tela para cortar, aunque implicaría una redistribución directa de esa carga a la sociedad y la pérdida del control de variables que permitieron, como en el caso de la energía y el transporte, la argentinización de empresas, proceso en el que se dio entrada a empresarios alineados con el gobierno.</p><p><strong>Argentinos por su nombre</strong></p><p>De algún modo, los reemplazos accionarios de extranjeros por nacionales, como ocurrió en YPF y ahora en Aerolíneas Argentinas, destrabó actualizaciones de tarifas que venían postergadas desde que se puso en marcha el actual modelo.</p><p>Desde que asumiera la gerencia general de YPF Sebastián Eskenazi, en representación del grupo local Petersen, al que posicionaron con 25 % del paquete que poseía Repsol, algunos tipos de naftas fueron aumentados hasta 30 % sin ruido oficial, ni pomposos procedimientos de Guillermo Moreno en las refinerías para hacer retrotraer los precios en los surtidores.</p><p>Y desde que se definió que Aerolíneas Argentinas pase en 60 % al empresario rioplatense López Mena, de Buquebús, hubo dos retoques tarifarios que se les venían negando a los españoles de Marsans: 18 % hace un mes entre 10 y 20 % a partir de mañana, según se publicó en el Boletín Oficial. </p><p>Al haber versiones de que Metrogas podría ser también "argentinizada" (de hecho no se le aprueba el esquema financiero elaborado por su actual conducción), entra en tela de juicio el valor que se cobra por el gas en las redes, lo mismo que sucede con el de la electricidad, cuyos operadores están alineados en parte (como el caso de Pampa Holding con Edenor) aunque resta definir el destino de Edesur. </p><p>El ajuste en ciernes para los servicios públicos, incluido el transporte, significaría trasladar a la tarifa la parte proporcional del subsidio que decida desafectarse, lo cual no sucedió a principios de año, cuando se subieron colectivos, trenes y subte sin restarse la incidencia de la transferencia a las empresas prestadoras.<br /></p>
<p>La entrada en vigencia del nuevo índice de inflación del INdEC permite realizar estos movimientos sin traccionarlo y obligar al secretario de Comercio a dar volteretas estadísticas. Pero al incidir en la estructura de las empresas y en los bolsillos de los particulares determina demandas sobre precios y salarios, o sea, sobre la llamada espiral inflacionaria.</p>
<p>En el caso de los alimentos, que son subsidiados con el argumento de evitar que reciban el impacto del encarecimiento internacional, el problema radicará en encontrar una política que evite exacerbar la pobreza, pero a la vez que racionalice las transfusiones de recursos que el Estado hace en la cadena de valor para detener las alzas. </p>
<p>Las modificaciones de largo plazo que se implementen en los mercados intervenidos, como el de las carnes y leche, concluirán implicando, también, que los consumidores vayan absorbiendo mayores precios finales, al menos para productos no populares. O sea, los que quedaron fuera del ojo del INdEC.</p>
<p>El ojo vigilante oficial, seguramente, en ese caso, habrá de desplazarse hacia otros integrantes de la cadena productiva de alimentos reñidos con la canasta básica encuestada. </p>
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