51 frentes de conflicto comerciales abiertos desde 2011

Las ventas a los 51 mercados bajo controversias y litigios internacionales representan dos tercios del total de exportaciones argentinas, las que de ese modo desde 2011 se han puesto en riesgo y dificultado, según DNI. (Versión completa)

12 septiembre, 2014

La conflictividad, que afecta la reputación y la previsibilidad, que socava la simplicidad y la estabilidad necesarias, genera efectos. Argentina ha mantenido situaciones de discordia y ello no es neutro.

 

No puede sostenerse que los malos resultaos del comercio exterior sean imputables solamente a la conflictividad exhibida, sino que hay otros motivos (pueden señalarse los referidos al contexto macroeconómico local, o la falta de apertura de mercados a nivel internacional, entre otras razones), saca como conclusión el director general de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), Marcelo Elizondo.

 

Pero sí debe señalase que la conciliativa afecta el ecosistema de negocios de las empresas, aclara.

 

Un conducta de construcción de acuerdos, de mantenimiento de relaciones virtuosas y cooperativas, de generación de vínculos con otros mercados, sería altamente favorable para recuperar una inserción externa que para las empresa argentinas es esquiva en los últimos años.

 

Los tratados

 

La Argentina se ha caracterizado, en los últimos años, por la conflictividad internacional. Pero esto ocurre mientras en el mundo los acuerdos y consensos crecen: desde 2005 se han celebrado 110 nuevos tratados para la apertura de mercados en todo el globo. La inconsistencia entre las prácticas argentinas y lo que predomina en el mundo es evidente, sostiene el informe “DNI” número 107.

Sea por problemas ante organismos internacionales (OMC, CIADI, Corte de La Haya, tribunales del Mercosur), por ruptura de tratados preexistentes (con México o Chile), por retrasos en la normalizaciones de obligaciones ante conjuntos de países organizados (Club de París), por denuncias ante organizaciones supranacionales (Consejo de Administración del Río de la Plata o Consejo de Ministros de la UE), por controversias bilaterales manifestadas a través de misivas expresas (Brasil o Gran Bretaña); en varios casos la Argentina ha tenido desde inicios de la segunda década del siglo XXI (como ya también ocurría antes) diversos tipos de diferencias internacionales formales.

 

El riesgo de esta conflictividad está dado en el hecho de que la suma de las exportaciones argentinas hacia todos los países afectados por diferencias con Argentina (51 países) según el último registro anual (2013) es de 58.261 millones de dólares. Esta cifra representa el 63,5% del total de exportaciones argentinas.

 

Además, se advierte que los resultados comerciales argentinos con estas contrapartes han mostrado efectos de estas rispideces: son malas las evoluciones de las relaciones comerciales con la mayoría de ellos, y cuanto peor es la conflictividad, peor el resultado (por ejemplo: cae la incidencia en el total de nuestras exportaciones a Europa, EEUU, o Chile, no crecen las ventas a China o México, cayeron las ventas a 10 miembros del Club de París).

 

Lo expuesto lleva a la conclusión de que, además de resolver problemas de entorno macroeconómico local y de iniciar virtuosas políticas de inserción internacional, Argentina debe desmantelar sus conflictividad sistémica si pretende mejorar sus resultados en las relaciones económicas internacionales

 

La conflictividad como práctica

 

Los países que más progresan (y mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos) son los que combinan una inteligente inserción internacional, respeto por la legalidad y acuerdos que facilitan la inversión, las alianzas entre sus empresas y otras más allá de sus fronteras, y el comercio internacional.

 

Para ello, lo primero que hacen los países es respetarse. No implementan políticas de empobrecer al vecino que además empobrecen a ellos mismos. Lo segundo que hacen los países es promover acuerdos legales para fomentar la integración.

 

Desde 2005 se han celebrado en el mundo 110 nuevos acuerdos de distinto alcance económico. Mientras en 1980 la economía mundial exportó 17% de su producción, y en 2008 exportó 27%, está llegando en breve a exportar 40% del total.

 

La Argentina sigue otro rumbo. Controversias, aislamiento, desconfianza. Una buena arquitectura internacional (relaciones sistemáticas, constantes y virtuosas con otros países) y una creciente reputación (aquello que nos hace preferibles más allá de nuestras virtudes físicas) son antecedentes de mejor comercio transfronterizo, más inversión, más calificado empleo, y sofisticación de la producción. La sentencia de la OMC afecta aquellos ambos atributos (arquitectura y reputación). Pero nuestras políticas impiden el progreso.

 

Es inevitable que haya diferencias en el mundo, lo que no es inevitable es el conflicto. La negociación, la diplomacia, la transacción, son todos medios que además de más cómodos son más útiles.

 

Los principales exportadores del mundo (que son EEUU, China, Alemania, Japón, Francia, Corea, Holanda, Italia) basan su inserción internacional en la inteligencia vincular.

 

En uno de sus informes sobre el Comercio Mundial, la OMC afirmó que, causando progreso, en los últimos tiempos “la cooperación comercial se ha hecho más amplia y más inclusiva”.

 

Por eso, descubrir que desde el inicio del siglo (con la salida de la convertibilidad, la devaluación, la pesificación asimétrica, la intervención gubernamental en los contratos ente privados y el default d ella deuda pública) la Argentina ingresó en un espacio de marginalidad internacional es afirmar que nuestro país ha estado infringiéndose a sí mismo daños como la imposibilidad de lograr apertura de mercados, el desaliento a la generación de inversiones transnacionales, el desincentivo para proyectos productivos transfronterizos y la pérdida de confianza, resto, prestigio que son consecuencia a la litigiosidad, conflictividad y marginalidad.

 

Los problemas que nuestro país al respecto ha sufrido desde inicios de siglo, sin embargo, han sido alimentados, desmanejados mantenidos y en algún caso incrementados.

 

Así, como se expresa más adelante en este informe, se puede aseverar que desde el inicio de la segunda década del siglo (año 2011), nuestro pañis ha mantenido su situación de marginalidad en los negocios internacionales, y ha mantenido diverso tipo de controversias explícitas formales y expresas con 51 países en el mundo.

 

A continuación se hace referencia a los diversos tipos de conflictos que han sido expresados a través de denuncias, quejas expresas escritas o reclamos explícitos (no se han excluido los que han surgido de meras manifestaciones de orales de autoridades o de reacciones que pueden ser atribuibles a diferencias pero que no han sido imputadas expresamente a esas diferencias). Se han incluido todas las diferencias con otros países, sea que fueron ya zanjadas o que permanecen vigentes, sea que han sido finalizadas a favor de Argentina o no.

 

El objeto de este trabajo, pues, no es el de contabilizar resultados de los litigios, sino advertir que los litigios en sí (y la litigiosidad) generan una reputación negativa y un ambiente de dificultades, lo que afecta la previsibilidad y elegibilidad de Argentina como parte de los negocios globales.

 

Aún ganado una eventual controversia, se está en una situación que es peor que si las diferencias se saldan a través de la negociación, el acuerdo o el consenso que surge del reconocimiento de la legalidad. Si, además, como ocurre con nuestro país, la mayoría de los casos han generado resultados contrarios a Argentina, la cuestión lleva a un saldo aún peor.

 

Controversias en Latinoamérica:

 

Conflicto con Uruguay por las pasteras.

Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un conflicto debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. En 2013 el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción.

 

En el curso del conflicto, se dejó sin efecto la construcción de una de las dos plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueco-finlandesa Stora Enso.

 

La otra planta, proyectada por la empresa finlandesa Metsa-Botnia (luego transferida a la empresa UPM-Kymmene, también finlandesa) fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007. Pero el corte y el bloqueo generaron pérdidas para muchos otros.

 

El sector del transporte de carga de Argentina fue uno de los más afectados, con una pérdida anual que superó los US$ 16 millones. Hubo menos viajes por unidad y una pérdida que osciló entre el 25% y el 30%. Los transportistas estimaron que hubo una pérdida promedio de US$ 300 por unidad, lo que implica una pérdida de US$ 45.000 diarios, que equivalen a US$ 1.350.000 mensuales y a US$ 16.200.000 anuales.

 

La caída en la cantidad de viajes entonces no sólo afectó a los transportistas sino a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que redujo sus ingresos por peajes. A las pérdidas de los transportistas de carga se sumaron las sufridas por las empresas vinculadas al transporte de pasajeros. Cauvi y Bus de la Carrera, integrada por las uruguayas Cot y Cita y las argentinas El Cóndor y La Estrella, debieron enfrentar 410 kilómetros adicionales para unir el tramo Montevideo – Buenos Aires ida y vuelta y varias horas de espera en Paysandú, que no cuenta con un carril exclusivo para ómnibus.

 

Según estimaciones del Ministerio de Turismo de Uruguay, cada kilómetro implica una pérdida de un dólar aunque a ese monto se suman “imponderables” como el desgaste de la flota, la pérdida de viajes por falta de pasajeros y la falta de presencia en el mercado.

 

También se afectó el turismo. Según datos del Ministerio de Turismo de Uruguay, en el año 2005, 338.068 turistas cruzaron el puente San Martín, principal punto de ingreso al país después del puerto de Colonia, pero en 2006 la cantidad se redujo a 140.992 personas, y un año más tarde, solo 1.202 turistas lograron cruzar y en 2008 fueron 52. Por ende, los efectos de aquel conflicto fueron económicos además de políticos, y se conformaron en el preludio de distintos modos de encarar problemáticas comunes.

 

Luego, Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay.

 

Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa.

 

Las dos demandas uruguayas fueron desestimadas por los tribunales respectivos. Sobre la demanda argentina, la Corte Internacional de Justicia dictó fallo definitivo el 20 de abril de 2010, resolviendo que Uruguay violó sus obligaciones procesales establecidas por el Estatuto del Río Uruguay de notificar e informar de buena fe, pero que no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia, pero instruyó a ambos países a realizar un monitoreo en conjunto del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y aplicando el Estatuto del Río Uruguay.

 

El conflicto finalizó tras la firma, el 30 de agosto de 2010 en Montevideo, de un acuerdo para conformar un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

 

El 2 de octubre de 2013 Argentina anunció que volvería a demandar al Uruguay a causa de la decisión del presidente de este último país de autorizar a la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos a aumentar su producción en un 10%.

 

Intercambio formal de misivas entre Argentina y Brasil por la Licencias No Automáticas

En mayo de 2012, ocurría una controversia comercial con Brasil, con misivas intercambiadas entre los ministros Giorgi (Argentina) y Pimentel (Brasil), como así también repercusiones en la prensa (proveniente de ambos lados de la frontera), relativo a que ambos Estados Partes del Mercosur denunciaban el incumplimiento de la normas del Mercosur por parte del otro Estado en relación al uso de licencias no automáticas para administrar el comercio. La controversia llegó a niveles altos debido a que fe espesita por escrito y a través de misivas. Ambos se reclamaban y a la vez justificaban el uso propio de las licencias   (licencias no automáticas de importación). Brasil, en verdad, inciso la utilización de licencias después de que Argentina comenzó a abusar ese instrumento con exceso de plazos y como modo de diferir y obrero importaciones.

 

Se denuncia el tratado por el comercio automotriz con México.

El 27 de junio de 2012, el gobierno mexicano y el argentino, que tenían desde los años 90 un acuerdo bilateral en el cual los vehículos comercializados entre si no incluirían impuestos a la importación, tuvieron una controversia por este acuerdo. El 26 de junio de 2012, México anunció que nuestro país le notificó que abandonaría el acuerdo, por lo que en ese momento expuso que la denunciará ante la OMC. El gobernó de México comunicó que la Argentina decidió abandonar unilateralmente el acuerdo de comercialización automotriz que unía a los dos países.

 

El Acuerdo de Complementación EconómicaN° 55 (ACE-55) disponía el intercambio de automotores entre ambos países sin aranceles aduaneros extras. A principios de este año, Brasil solicitó a México renegociar el acuerdo para no quedar en déficit en relación al país centroamericano. El mismo aceptó y para marzo se firmó un nuevo acuerdo. Argentina quiso hacer lo propio con el mismo acuerdo, pero México denegó el pedido ya que dicho país es el que tiene déficit en relación al nuestro.

 

Luego de un impasse entre las negociaciones de ambos países, en ese momento Argentina decidió poner un punto final a este acuerdo, lo que generó que los vehículos que se importaban desde México a partir de entonces se comercialicen con los aranceles aduaneros correspondientes. Entre los modelos afectados se encontraron el Ford Fiesta KD, prácticamente todos los Nissan, los Volkswagen Bora y Vento, el Fiat 500, el Dodge Journey, el Chevrolet Aveo y la nueva Honda CR-V.

 

Luego de ese conflicto, los países negociaron nuevamente y se llegó entre los países a un acuerdo parcial, pero que no mantuvo las condiciones originales. Las garantías de ambas partes previstas en aquel acuerdo nunca se restablecieron totalmente. Para salir del conflicto, hubo un acercamiento para restablecer dicho acuerdo, pero sólo se pactaron cuotas de exportación mexicana de vehículos con la liberación total del comercio en el 2015.

 

El Protocolo Modificatorio del ACE 55 firmado entre el mexicano Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, y Débora Giorgi, Ministro de Industria de Argentina, estableció apenas una cuota de exportaciones en 575 millones de dólares para el primer año (18 diciembre del 2012 al 17 de diciembre del 2013); para el segundo periodo de 625 millones de dólares (18 de diciembre del 2013 al 17 de diciembre del 2014), y 187.5 millones de dólares para un tercer periodo (18 de diciembre del 2014 al 18 de marzo del 2015), con el fin de alcanzar el libre comercio a partir del 19 de marzo del 2015.

 

Según expuso Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, este monto llegaría apenas a 40% del comercio que se mantenía con Argentina previo a la decisión unilateral de cerrar el mercado a los autos mexicanos con libre arancel, cuando México vendía 1,100 millones de dólares en el 2011. A cambio de la apertura gradual, México debió aceptar renunciar a la petición del panel de solución de controversias en contra de Argentina que solicitó ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones impuestas a sus exportaciones.

 

Mientras la ministra Giorgi sostenía que Argentina quiere “un comercio equilibrado, porque es el que nos hace ganar a todos, pero no queremos ese comercio equilibrado a costa de achicarnos, sino a costa de agrandarnos”, el secretario de Economía México destacaba el compromiso del presidente Enrique Peña con el libre comercio como motor fundamental de crecimiento.

 

La denuncia del tratado para evitar doble tributación con Chile

El 3 de junio de 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció el tratado para evitar la doble tributación con Chile (y en ese momento anunció la intensión de renegociar algo similar con España), al considerar que empresas radicadas en la Argentina los usaban para maniobras de elusión fiscal en los Impuestos a las Gananciasy en Bienes Personales.

 

La AFIP argumentó que hubo un perjuicio de unos $ 1000 millones anuales al fisco argentino, desde 2002, por maniobras presuntamente cometidas por empresas trasandinas o de otros países. La AFIP denunció con una carta el tratado bilateral, firmado en 1976.

 

En el caso chileno, las fuentes aclararon que “desde noviembre hubo siete reuniones para llegar a un acuerdo, pero no fue posible porque la otra parte no mostró voluntad para cambiar aspectos que se consideran perjudiciales para el fisco argentino”.

 

Queja y anuncio de presentación de Paraguay en la OMC.

En noviembre de 2012 Paraguay reclamó públicamente contra Argentina. Y en particular el 5 de noviembre de 2012 se conoció en ese país vecino (públicamente) que Paraguay presentaría una nota de protesta ante Argentina por controles a mercaderías en tránsito, y que elevaría una nota a la asesoría jurídica de la Organización Mundial de Comercio sobre el caso. La información fue brindada por el entonces canciller José Félix Estigarribia.

 

La presentación fue consecuencia de presentaciones de empresarios paraguayos que denunciaron que sus contendores eran severamente inspeccionados, con exigencia de escaneo y en algunos casos de apertura de los mismos en territorio argentino. La Unión Industrial Paraguaya expresó que se ponían en riesgo exportaciones paraguayas por entre 100 y 120 millones de dólares y que Paraguay se exponía a perder el estatus de país confiable como proveedor internacional por la apertura de contenedores.

 

La Cancillería paraguaya afirmó que las medidas habían sido tomadas por la AFIP argentina y que afectaban el tránsito de mercaderías hacia el puerto de Buenos Aires.

 

Presentación en reclamo formal de Uruguay ante el Mercosur.

El 14 de noviembre de 2013 Uruguay planteó una queja ante el Mercosur por las disposiciones del gobierno argentino que prohíben el trasbordo de cargas de mercaderías en puertos uruguayos. El presidente José Mujica consideró esa disposición “violatoria” de la normativa del bloque regional, según sostuvo el 13 de noviembre de 2013 el canciller uruguayo, Luis Almagro. Almagro declaró a la prensa que “estas medidas de trasbordos que tomó la República Argentina son medidas que perjudican directamente al Uruguay… Son violatorias además de normativas de Mercosur, concretamente en el Protocolo de Comercio de Servicios”. “Hemos hecho los planteos correspondientes” al Mercosur, afirmó en ese entonces el canciller de Uruguay.

 

La prohibición argentina se dirige a los puertos de países del Mercosur con los que no tiene acuerdos de reserva de carga, pero el único caso que está en esa condición es en Uruguay.

 

La queja fue planteada en la reunión que mantuvo en Caracas el Subgrupo de Trabajo 5 del Mercosur, relativo al Transporte Marítimo. En su momento el presidente del Centro de Navegación, Mario Baubeta, sostuvo públicamente que la delegación argentina no asistió al encuentro en el que se presentó la queja. Desde el 7 de noviembre de 2013, los buques de Argentina con carga de exportación no pudieron tocar terminales del país. Se calculó en Montevideo que la decisión del gobierno de Cristina Fernández restaría un 26% de actividad al puerto de Montevideo y le haría perder US$ 80 millones al año, además de hacerle caer 150 escalas de portacontenedores, tanto regionales como transoceánicos.

 

Uruguay presentó queja formal contra Argentina por el dragado de un nuevo canal

En los últimos meses (2014), el gobierno uruguayo reclamó que Argentina no cumplió con los debidos procedimientos para llevar adelante el dragado de un nuevo canal en aguas binacionales. Lo que perjudicaría a Uruguay.

 

La delegación uruguaya ante la Comisión Administrativa del Río de la Plata presentó hace unos meses una queja formal al respecto. Argentina construirá un canal propio de salida al Ruido de la Plata en aguas binacionales. Uruguay exigió a Argentina 40 respuestas por la cuestión.

 

Uruguay entiende que la obra requiere un protocolo que no se cumplido y viola las normas positivas bilaterales

 

Los conflictos con Chile por LAN.

El 3 de junio de 2014, el CEO de LatAm (la sociedad entre LAN y TAM), Enrique Cueto, presentó ante la Asamblea de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se realizó en Doha, Qatar, la queja consistente en que la empresa LAN se ha visto obligada a suspender frecuencias de vuelo en la Argentina por la presión ejercida por Aerolíneas Argentinas y la negativa del Gobierno a autorizar el ingreso de nuevas aeronaves.

 

El gobierno de Chile sostuvo la posición de la empresa.

 

 

B) Las controversias con países en el resto del mundo

 

Demanda de Argentina contra UE.

En 2012, la Argentina denunció a la UE por la aplicación de medidas antidumping contra el biodiesel. La Cancillería consideró en su momento “arbitraria” la decisión del bloque: “La manifiesta ilegalidad de la medida decidida por la Unión Europea, su espíritu netamente proteccionista y el perjuicio económico que ocasiona a la industria del biodiesel argentino ha movilizado, sin dilaciones, las acciones pertinentes en el ámbito de la OMC que permitirán satisfacer el reclamo del gobierno argentino”.

 

El comunicado señaló que “el derecho antidumping aplicado por la Unión Europea, con carácter definitivo a partir del 27 de noviembre, se ubica en un rango de 216,64 a 245,67 euros por tonelada y genera como efecto directo e inmediato el cierre del mercado europeo para el biodiesel argentino, afectando de esa manera exportaciones por un valor superior a 1.500 millones de dólares anuales”.

 

La UE decidió aplicar medidas “antidumping” al biodiesel argentino mediante un aumento en las tasas de importación, decisión que anunció a fines de noviembre tras una investigación que duró 15 meses. El bloque europeo halló que Argentina, y también Indonesia, se beneficiaban injustamente del acceso a materias primas “a precios que estaban bajos de manera artificial en comparación con los precios del mercado mundial disponible para los productores de biodiesel de la UE”.

 

España presentó una queja contra Argentina por la estatización de YPF

El 17 de abril de 2012, el Gobierno de España anunció que trasladaría a la reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores una solicitud para que la UE eleve una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de Argentina por la nacionalización de YPF.

 

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas contra Argentina que afectarían a los ámbitos del comercio, la industria y la energía.

 

La controversia ante la OMC por las restricciones al comercio

El 25 de mayo de 2012, la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con la Argentina por entender que aplica prácticas contrarias a las normas de la OMC (obstrucción de comercio).

 

Luego pidieron ser asociados a las consultas solicitadas por la Unión Europea, Turquía (el 31 de mayo de 2012), los Estados Unidos y Ucrania (el 7 de junio de 2012), Australia, Canadá, Guatemala y el Japón (el 8 de junio de 2012) y México (el 3 de julio de 2012). Posteriormente, la Argentina informó al OSD que había aceptado las solicitudes de asociación. Estos países hicieron diversas presentaciones posteriores ampliando sus reclamos. Otros países se sumaron también después.

 

Sostuvo finalmente, ante todo lo expuesto, el Grupo Especial que “las prácticas argentinas tienen efectos limitativos en la importación de mercancías en la Argentina”. El 6 de diciembre de 2012, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con Argentina, la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón solicitaron por separado el establecimiento de un Grupo Especial (órgano jurisdiccional evaluador) para que proceda a elaborar el informe (que opera como sentencia).

 

Luego de esto, hubo varias presentaciones adicionales más que se agregaron al expediente (China, Ecuador, la India, Israel, Noruega, Arabia Saudita, la República de Corea, Suiza, el Taipéi Chino, Tailandia).

 

Además de esos efectos limitativos directos en las importaciones, la OMC sostuvo que las medidas se caracterizan por “una falta de transparencia y previsibilidad, que desalienta aún más las importaciones”. Por lo tanto, el Grupo Especial afirmó que constató que no son legales las medidas que consisten en la imposición por las autoridades argentinas de una o más de las cinco prescripciones identificadas por los reclamantes como condición para importar. Así. el Grupo Especial concluyó que el Órgano de Solución de Diferencias debe solicitar a la Argentina que ponga las medidas incompatibles en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994.

 

Como consecuencia del proceso, en agosto de 2014, el Grupo Especial (órgano evaluador) sostuvo que “las prácticas argentinas tienen efectos limitativos en la importación de mercancías en la Argentina”. Además de esos efectos limitativos directos en las importaciones, sostuvo que las medidas se caracterizan por “una falta de transparencia y previsibilidad, que desalienta aún más las importaciones”. Por lo tanto, el Grupo Especial afirmó que constató que no son legales las medidas que consisten en la imposición por las autoridades argentinas de una o más de las cinco prescripciones identificadas por los reclamantes como condición para importar.

 

Así el Grupo Especial concluyó que el Órgano de Solución de Diferencias debe solicitar a la Argentina que ponga las medidas incompatibles en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994.

 

Reclamos ante la OMC contra EEUU

En 2013 el gobierno argentino presentó tres reclamos (en dos semanas) ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra presuntas restricciones que Estados Unidos impuso a las importaciones de limones de Argentina, según informó el organismo internacional y replicaron las agencias de noticias internacionales.

 

Argentina argumenta que la prohibición a esa importación en los últimos once años “carece de justificación científica y configura una prohibición a la importación incompatible con las normas del Acuerdo MSF y del Gatt 1994”. “Estados Unidos incurre en discriminación contra los limones frescos” y que esta medida le impide recibir los beneficios que de las eventuales exportaciones a Estados Unidos se derivarían”.

 

Los diversos juicos en el CIADI:

La Argentina -seguida por Venezuela- a convirtió en los últimos años en  el país que enfrenta la mayor cantidad de demandas de empresas en los estrados del CIADI, el tribunal de arbitraje de conflictos comerciales internacionales que depende del Banco Mundial.

 

Los reclamos fueron de particulares (no de países). Pero esas controversias afectaron los intereses de los estados a los que pertenecen esos actores privados y enturbiaron las relaciones con ellos (un claro ejemplo de ello se ha dado con Francia).

 

El total de reclamos abiertos sumó 50 casos. Muchos ya han terminado, otros están pendientes aún. Los resultados han sido variado según el caso. Algunos en favor de los demandantes contra Argentina, otros con resultado favorable a Argentina y muchos con transacciones para acuerdos.

 

“En el CIADI hay en total 439 casos de conflictos entre empresas privadas y Estados. De estos casos, 159 son controversia que involucran a países latinoamericanos, 99 en África, 84 en Europa del Este y 71 en Asia”, precisa un trabajo privado realizado en base a datos oficiales publicado en Buenos Aires hace unos meses. Así, Argentina, junto con Venezuela, colocó a América Latina como una de las zonas más riesgosas para hacer negocios, por delante de África y los países de la ex Unión Soviética caracterizados por sus muy endebles instituciones. Argentina ha mantenido con holgura su posición de liderazgo en el ranking de incumplimientos.

 

Conflicto con Gran Bretaña por discriminación contra sus empresas

El 15 de diciembre de 2013  el gobierno británico presentó una protesta formal ante la Embajada de Argentina en Londres en rechazo de la ley que penaliza las empresas que exploren y exploten hidrocarburos sin autorización del Estado en la plataforma continental, pero sobre todo en la zona de Malvinas. Además, acusó a la Casa Rosada de querer “estrangular” a la economía del archipiélago.

 

La protesta formal fue presentada ante el entonces encargado de negocios de la embajada argentina en Londres, Oscar Galli. “La ley nacional argentina no es aplicable a las Falklands, así que este es un gesto sin fundamento que tiene como intención evitar la actividad comercial legítima. Estamos confiados en que no tendrá éxito”, advirtió un vocero del Foreign Office, al rechazar la ley 26.659.

 

La duda impaga por años ante el Club de París

La Argentina tuvo durante años en situación de impago una deuda con los estados miembros del Club de París de varios miles de millones de dólares. En los últimos meses Argentina inicio negociaciones y llegó a un acuerdo por el pago de esa deuda. Negociando con el Club.

 

Sin embargo, por años esa situación de había mantenido sin solución. Esto implicó una seria falta en el cumplimiento de obligaciones del estado, y además produjo efectos mediatos en empresas que estuvieron impedidas por ello de acceder a financiamiento internacional.

 

Así, la situación implicó por años que la Argentina tuvo una deuda impaga por obligaciones incumplidas (durante más de una década) con los miembros del Club, que son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE. UU., España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, y Suiza.

 

El fallo en favor de los holdouts en New York, y la denuncia contra EEUU en La Haya

El 22 de noviembre de 2012 Finalmente, el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, decidió anoche desoír los argumentos del Gobierno argentino y de hasta el propio Tesoro estadounidense y falló a favor de los denominados fondos buitre. Después la sentencia que confirmada por la Corte de Apelaciones y tácitamente también por la Corte Suprema de los EE.UU.

 

Pese a esta decisión, finalmente el Gobierno argentino mantuvo su postura de no pagarles a los denominados fondos buitre, enfrentándose así con el sistema judicial estadounidense.

 

Ahora bien, recientemente (en el corriente 2014) la Argentina denunció a los Estados Unidos ante los tribunales internacionales de La Haya por el conflicto con los buitres. Ello contribuyó a que un conflicto en un juzgado se transforme en una controversia entre países.

 

La República Argentina completó en el Registro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya un documento, con fecha 7 de agosto 2014, titulado “Aplicación para instituir procedimiento contra Estados Unidos de América”, con respecto a la disputa concerniente a la decisión judicial de EE.UU. relativa a la reestructuración de la deuda soberana argentina”, dice un comunicado divulgado por la Corte, con sede en la ciudad holandesa La Haya. 

 

La relevancia de los mercados en conflicto (“peleándose con los clientes”)

           

Un requisito para los mayores vínculos económicos es construir puentes de relacionamiento efectivos y confiables.

 

Las empresas tienden a operar con contrapartes que actúan en ambientes confiables. Lo contrario a ambientes confiables existe en países vinculados por controversias.

 

La dimensión de la relevancia de los países que han estado sometidos a algún tipo de controversias formales de diverso tipo como las que se han expuesto está dada por la suma de las exportaciones hacia todos los países afectados por diferencias con Argentina (51) según el último registro anual (2013).

 

Se trata de 58.261 millones de dólares. Esta cifra representa el 63,5% del total de exportaciones argentinas. Eso es: la Argentina está o ha estado enmarcada en controversias explícitas con aquellos que adquieren dos tercios del total de sus exportaciones, poniendo en riesgo el ambiente de negocios para empresas que operan en el comercio internacional y seguramente impidiendo que esos países generen mejoras en el comercio internacional como pudieron haber producido.

 

 

Algunos ejemplos de efectos nocivos de la litigiosidad

           

Una consecuencia de la litigiosidad internacional ha sido la imposibilidad de acompañar el crecimiento en las exportaciones de nuestros vecinos en Latinoamérica. Argentina ha sido en el último decenio el país de menor alza en sus exportaciones en Sudamérica.

 

Las exportaciones argentinas han venido exhibiendo resultados que no son buenos últimamente. En general. Así, en lo que va de 2014 están cayendo 10% (mientras crecen entre la mayoría de nuestros vecinos). Además, desde 2011, cuando alcanzaron un récord de unos 84.000 millones de dólares, las ventas externas de bienes no ha alcanzado nuevamente una cifra similar (las ventas externas han sido menores a las de 2011 en 2012 y 2013, y lo serán también en 2014). Las exportaciones este año -2014- serán nada menos que 10.000 millones de dólares más bajas que las de 2011, y serán -en 2014- apenas unos 3.000 millones de dólares superiores a las del lejano 2008. Todo ello muestra debilidad de inserción externa desde el inicio de la nueva década del siglo XXI.

 

Varias razones pueden apuntarse para eso (no solo las razones que se mencionan en este trabajo, aunque debe decirse que estas razones sí son relevantes). Entre estas razones está este escenario de mal ambiente para las empresas motivado por la litigiosidad argentina. Como consecuencia de ello, además, se observa que estos malos resultados no se dan de igual modo en todos los mercados. Precisamente muchos de estos que han sido mostrados como mercados involucrados en conflictos exhiben peores resultados que otros.

 

Puede ponerse como caso la evolución de los negocios con Chile, que de representar 11% de las exportaciones argentinas en 2001 pasó a representar apenas el 5% en 2013. Y también puede referenciarse otro caso: la relación con México, país al que las exportaciones argentinas (de unos 1.000 millones de dólares) no evolucionan desde 2001 (los cifras son similares hoy que hace 3 años atrás).

 

Un ejemplo adicional es lo ocurrido con EEUU, país al cual en 2001 se enviaba el 10% del total de exportaciones argentinas y en 2013 se envió solo el 5,54% del total.

 

Del mismo modo que lo que ocurre con Europa, que históricamente fue el continente de mayor relevancia para nuestras exportaciones fuera de nuestro propio continente americano, pero que desde 2010 dejó de ser el continente de mayor importancia para las exportaciones argentinas después de nuestro propio continente, dado que fue superado por Asia, continente que se mantiene como más relevante que Europa para Argentina a la fecha (las exportaciones a Europa alcanzaron en 2010 –el año en el que Asia superó en relevancia a Europa- los 13.306 millones de dólares, mientras las ventas a Asia treparon a 15.813 millones de dólares -un 18% más altas que las ventas a Europa-; y en 2011 la nueva realidad se confirmó: las exportaciones a Europa se elevaron a 16.273 millones de dólares mientras las exportaciones al continente asiático llegaron a 17.938 millones de dólares -un 10% más que al viejo continente-, mientras que en el último 2013 las ventas a Europa ascendieron a 12.613 millones pero las exportaciones a Asia llegaron a 20.077 millones de dólares –como se ve, ampliándose la brecha-).

 

Un ejemplo adicional se observa con la evolución de las exportaciones hacia el Club de París mientras la Argentina mantuvo impaga su deuda: desde 2009, primer año después de que la Argentina no cumplió con su promesa de regularización de la deuda impaga (algo que fue anunciado en 2008) las ventas a los países del Club de París han perdido participación (relevante) relativa en las exportaciones totales argentinas.

 

Esto es: en 2008 Argentina anunció que cancelaría la deuda, pero finalmente no lo hizo, y desde ese momento se debilitaron las ventas a los miembros del club, al punto que en 2009 las exportaciones totales sumadas a los 19 miembros del Club de París representaban el 28,5% del total de las ventas externas argentinas, y en el último año -2013- esas exportaciones sumadas a los 19 países referidos representaron sólo el 22% del total, lo que se confirma con el hecho de que las exportaciones -desde ese momento- cayeron en términos absolutos en 10 de los 19 miembros del Club de París.

 

Otro ejemplo se da el comercio con China: las exportaciones de Argentina a China en 2013 (5.762 millones de dólares) confirman al gigante asiático como nuestro segundo principal mercado (es el primer caso de un país que, entre los principales clientes mundiales de Argentina, está fuera de nuestro hemisferio), pero debe decirse que la dinámica del comercio entre Argentina y China tuvo enorme fuerza desde el inicio del siglo XXI hasta hace un lustro y desde allí la tendencia se amesetó y aún revirtió (las exportaciones argentinas hacia China no se superan desde hace medio decenio -en 2011 fueron de 6.561 millones, y en 2008 ya habían llegado a 6.598 millones- mientras en 2013 fueron menores a 5.800 millones de dólares), ante lo cual debe recordarse que una diferencia comercial entre Argentina y China ocurrida hace unos años en relación al comercio de aceites vegetales afectó el vínculo creciente, y desde esa instancia el comercio no volvió a la tendencia alcista, cambio su composición, y se primarizó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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