Francia liberaliza la economía sin voto del Parlamento

El proyecto de ley de liberalización económica fue aprobado hoy sin ser sometido a votación en el Parlamento, ante la dificultad del Poder Ejecutivo para alcanzar una mayorí­a de votos en la Asamblea Nacional.

18 febrero, 2015

El proyecto, uno de los pilares de las reformas económicas del gobierno socialista del primer ministro, Manuel Valls, fue aprobado tras acogerse artículo 49.3 de la Carta Magna, un procedimiento similar a una moción de confianza.

El texto conocido como “ley Macron” -por el nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron- se considerará aprobado salvo si se presenta una moción de censura dentro de las 24 horas siguientes y se vota en las 48 horas posteriores, informó la agencia EFE.

Y eso fue lo que hizo precisamente el primer partido de la oposición, la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), que preside el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy.

Su portavoz, Christian Jacob, calificó en el hemiciclo de “importante fracaso personal” para Valls el mostrarse “incapaz” de lograr un voto favorable para la “pequeña ley Macron” en una Asamblea Nacional con mayoría de izquierdas y tras 190 horas de debate parlamentario durante las últimas tres semanas.

La moción de censura, que a priori cuenta con escasas opciones de prosperar en virtud del reparto de fuerzas parlamentarias, se someterá a votación el próximo jueves.

De ser rechazada, quedará aprobado un proyecto de ley que contempla iniciativas como ampliar los domingos en los que los comercios pueden abrir en las zonas turísticas -de 5 a 12-, la desregularización de ciertas profesiones como los notarios o la liberalización de sectores como el transporte público en autobús.

En lí­neas generales, desde la izquierda se critica el texto por ser demasiado liberal, mientras que la derecha juzga que el proyecto de ley no aportará un crecimiento significativo a la maltrecha economí­a francesa.

La última vez que un gobierno francés recurrió a este atajo constitucional fue en 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo usó para sacar adelante su proyecto de ley de igualdad de oportunidades y su polémico contrato laboral para jóvenes.

El recurso al artículo 49.3 de la Carta Magna, que se asemeja a un voto de confianza, evidencia la fragilidad del gobierno socialista a dos años y medio de las próximas elecciones legislativas.

El gobernante Partido Socialista (PS) no pudo garantizarse ni siquiera el voto unánime de todos sus escaños pues buena parte de las señorías “rebeldes” de esa formación comunicaron que votarían en contra.

También anunciaron su rechazo a la norma los diputados del Frente de Izquierda y los ecologistas, que se unieron a la UMP y los centristas de la UDI.

Sarkozy cuestionó la decisión del Ejecutivo socialista de recurrir a tal recurso para evitar el debate en el Parlamento.

 

“La verdad explota en el gran dí­a: ya no hay ni mayorí­a ni gobierno”, escribió Sarkozy en su cuenta de Twitter y firmó el mensaje con sus iniciales para reafirmar su autorí­a personal.

Marine Le Pen, presidenta del ultraderechista Frente Nacional (con solo dos escaños en el hemiciclo pero un apoyo del 30 % en las encuestas) pidió la dimisión del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas.

El propio Hollande criticó con firmeza el recurso a esa herramienta para eludir el sufragio de los diputados en 2006.

 

“Es una violación de los derechos del Parlamento, una brutalidad, una negación de la democracia, una forma de impedir o frenar el debate parlamentario”, declaró entonces Hollande, entonces primer secretario del PS.

Pero ahora, el PS considera que lo primordial es dinamizar la economía francesa, aunque para ello el Ejecutivo tenga que acortar el desarrollo parlamentario habitual.

“Tenemos la convicción de que hay que reformar, hay que avanzar”, dijo el primer ministro para resumir por qué el gobierno decidió impedir que los diputados votaran la “ley Macron”.

“Nada nos hará renunciar, nada nos hará dar marcha atrás”, declaró Valls al anunciar que se acogí­a a esa herramienta constitucional “por el interés general”.

Antes, en un discurso enérgico, Macron defendió la llamada Ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades entre abucheos de sus detractores y aplausos de sus correligionarios.

 

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