La pauta publicitaria oficial, un botín en pugna

Si el proyecto de Cristina Kirchner es presentarse a las elecciones parlamentarias en 2017 y a la presidencial en 2019, la pregunta que dispara la reacción de la militancia ante el conflicto entre uno de sus conspicuos integrantes en los medios, Víctor Hugo Morales, y radio Continental, es si el Frente para la Victoria o capitales vinculados se harán cargo de la pauta publicitaria que antes se cubría con el presupuesto estatal, o se planteará una pelea con el gobierno de Macri para que les sea restituida.

Los multimedios de Sergio Szpolsky y de Cristóbal López, reciente propietario de la productora que perteneciera a Diego Grivrtz, negocian hasta ahora sin resultados la continuidad de líneas editoriales y programas de radio y televisión que durante el kirchnerismo recibieron apoyo económico oficial, sin que se aplicara un criterio de penetración en lectores y audiencias, o poniendo en duda la veracidad de las mediciones privadas en la materia.

Y desde el encuadre legal de la competencia entre los medios, la vuelta atrás que intenta el gobierno con la supresión de la AFSCA y la reforma a la política de comunicaciones vuelve a posicionar a las corporaciones mediáticas en un gran negocio, en el que el Estado deja de ser el inversor exclusivo para pasar a la iniciativa privada ese rol.

Modificadas las reglas limitantes, vuelven las multinacionales de telecomunicaciones y el gran grupo nacional a posicionarse como los protagonistas de los aportes de capital y tecnología al sector, con lo cual la gran pregunta es si los empresarios kirchneristas del rubro cuentan o no con recursos propios para aplicar a esa competencia, o si resignarán ese terreno para atrincherarse en la resistencia judicial y callejera a las nuevas reglamentaciones.

En ese último aspecto, la carta que juega el gobierno de Macri para neutralizar los boicots que entorpezcan su gestión es el avance de las causas judiciales que involucran a ex prominentes funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, incluida ella misma, con Hotesur y lo que la implique en el replanteo del tema efedrina, en el que Aníbal Fernández parece haber quedado en la picota judicial desde triple fuga de los condenados por el triple crimen. La ofensiva para capturar a Pérez Corradi le cerraría el círculo a todo el entorno presidencial de entonces.

A este paquete de cercamiento judicial sobre el gobierno K se agrega la inclusión del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, en la responsabilidad por el accidente ferroviario de Once, de la que hasta ahora había quedado afuera.

En el macrismo no están del todo convencidos de que la jefa del kirchnerismo y sus principales espadas queden condicionados por temas graves de corrupción que no pasen de un mero escrache, si es que no se acompañan con una acción judicial rápida y decidida, sobre todo cuando la Presidenta hizo trascender que regresará en febrero a Buenos Aires para asumir en forma presencial la jefatura de la oposición.

Para entonces puede enrarecerse aún más el clima social e incubarse un conflicto con los docentes por la suspensión de las paritarias dispuesta por la provincia de Buenos Aires que haga aplazar el comienzo de las clases, lo cual dejará mal parado al gobierno con los ciudadanos comunes.

La carrera contra el reloj entre responsabilizar por la vía judicial al gobierno anterior por las sucesivas crisis que han ido saltando y de los efectos que éstas producen en la sociedad amenaza con hacer explotar antes de marzo el primer gran cimbronazo en la cima del poder, y en este proceso el tratamiento mediático que tendrá cada estertor asume una importancia casi decisiva, de ahí la ofensiva K por mantener los lugares estratégicos de difusión, en los que radio Continental, por penetración, es un objetivo central.

La decisión de dejar inercialmente en suspenso la definición de la pauta publicitaria hasta el comienzo activo del año, como se había previsto originalmente, está ahora en revisión, y precisamente este impasse ha puesto nerviosos a los medios antes jugados al kirchnerismo por los gastos “políticos” que deberán afrontar sin una pauta oficial que los respalde.

Szpolsky fue el primero en expresarlo a nivel nacional, luego el grupo Crónica y en el sur, Lázaro Báez aplicó una purga económica. Cristóbal López, por ahora, sólo levantó la producción de PPT del programa 6,7,8 en canal 7.