Habrá buena caída en las contribuciones patronales

La semana pasada el gobierno nacional anunció el adelantamiento de beneficios fiscales en materia de contribuciones patronales para paliar la situación de las empresas de algunos sectores productivos en el conjunto de provincias argentinas. De acuerdo a la información oficial (ratificada por la publicación del Decreto 128/2019), se realizará un adelantamiento de la aplicación del Mínimo No Imponible para las contribuciones patronales a partir de este año, específicamente para un grupo de actividades económicas características de las economías regionales de Argentina. Este mecanismo estaba previsto que se aplicara en forma gradual entre 2018 y 2022, con incidencia en todos los sectores económicos, dejando una porción de los salarios exceptuados del pago de cargas.

El anuncio, según el IERAL de la Fundación Mediterrránea, implica una nueva diferenciación sectorial de esta herramienta, ya que en semanas previas se había procedido en forma similar al adelantar la aplicación para otros sectores como Marroquinería, Textil y Calzado.

La reforma que rige desde 2018

Es importante destacar que los cambios anunciados implican una modificación del cronograma anunciado en la reforma tributaria de 2017. Esta reforma, sancionada el 27/12/2017 por Ley 27.430, prevé cambios para una variedad de tributos, siendo uno de los componentes que exhibe mayores modificaciones el correspondiente a las obligaciones por contribuciones patronales.

La aplicación completa de las modificaciones aprobadas sigue un sendero de ajuste gradual, en cinco años, con comienzo en 2018 y efecto pleno para 2022. Esta contribución cuenta con cambios en tres aspectos principales:

Para tomar una dimensión de estas divergencias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía asignado 0 pp. como crédito fiscal a cuenta de IVA, mientras que regiones como el interior de Salta, Jujuy y Misiones contaban con la posibilidad de tomar 10,75 pp a cuenta de dicho impuesto. A su vez, se aplicaban distintos créditos fiscales para diferentes regiones dentro de una misma provincia.

Volviendo al desarrollo de los cambios que implica la reforma, el primer punto, al ser un componente homogéneo a aplicarse en todo el territorio y para todo sector de actividad, el salario formal promedio inicial vigente en cada sector resulta relevante para determinar la significatividad del beneficio y su impacto sobre la alícuota final efectiva tributada.

Aquellas provincias con salarios formales más bajos o sectores de actividad con remuneraciones más modestas asumirán un efecto de mayor cuantía en relación al mínimo no imponible, resultando en una alícuota efectiva menor, con relación a otras provincias/sectores con retribuciones más altas. Esto por cuanto el monto del MNI resulta homogéneo entre todas las provincias, cuando los salarios no lo son.

En relación a la segunda modificación, es claro el efecto sobre la alícuota efectiva final: empresas grandes del sector servicios o comercios tendrán una reducción de alícuota de 1,5 pp. cuando se complete la aplicación de la reforma (de 21% en 2017 a 19,5% en 2022); en el otro extremo, PyMEs del sector servicios o empresas en general (PyMEs o grandes) que no desarrollen actividades en el sector servicios/comercios, sufrirán un incremento de la alícuota legal base (17% en 2017 a 19,5% en 2022).

Por último, la tercera modificación, que consiste en la extinción de los beneficios previstos como crédito fiscal para el IVA en el decreto 814/2001, tendrá un efecto negativo sobre aquellas jurisdicciones que contaban con mayores créditos fiscales, es decir las que mostraban mayor NBI y/o mayor distancia a la CABA.

Cambios importantes

La reforma tributaria implica importantes y heterogéneos cambios de carga tributaria laboral hacia 2022. Las empresas situadas en provincias que eran más beneficiadas por el régimen del Decreto 814/01, enfrentarán un sustancial incremento en la carga tributaria laboral. Además, tendrán un aumento de carga impositiva las empresas de menor envergadura (PyMEs).

En el otro extremo, las empresas localizadas en CABA y Gran Buenos Aires son las más beneficiadas por la reforma. Asimismo, el beneficio será mayor entre las empresas grandes del sector servicios, mientras que las PyMEs serán perjudicadas o menos beneficiadas (con diferencias según su localización).

Con los cambios tras los anuncios de la semana pasada, se consideran casos testigo por provincia para ilustrar cómo operaría la modificación recientemente anunciada. Se consideran actividades típicas en las 23 provincias del país, como ejemplo del efecto que tendría el anuncio realizado. Se tuvieron en cuenta los niveles salariales y las cargas impositivas en los últimos años, y se realizó una proyección de acuerdo a cómo evolucionarán las alícuotas efectivas que pesan sobre los empleadores.

Es importante primero analizar cuál había sido el cambio en la carga impositiva en 2018, cuando se empezó a aplicar la reforma tributaria. Para dicho año, se advierte una reducción en la carga impositiva laboral en la mayoría de las jurisdicciones analizadas (a excepción de provincias patagónicas) debido a la incorporación del mínimo no imponible de $2.400 y el mantenimiento inalterado de los beneficios fiscales previstos en el Decreto 814 (recién se comenzaría su derogación gradual en 2019).

Por otra parte, con el adelantamiento del mínimo no imponible en su totalidad a 2019, con un valor actual de $17.509, se observa una fuerte baja en las alícuotas efectivas que pesan sobre el salario. Ello ocurre incluso a pesar que de manera paralela este año aumentó la alícuota legal a 18% (como preveía le reforma de 2017, cuando se trata de empresas de menor facturación y las de sectores que no corresponden a comercio y servicios) y además se comenzaron a extinguir los puntos porcentuales a cuenta de IVA que podían tomarse las empresas, que regían a partir del citado decreto del año 2001.

Por caso, en la fabricación de muebles en Formosa, con salarios relativamente bajos (por debajo del mínimo no imponible, de acuerdo a cifras oficiales y estimaciones), la alícuota efectiva en 2019 caería a cero. Ya se había reducido la carga en 2018, en ese caso particular, debido a que la introducción del mínimo no imponible había tenido un efecto más significativo que la suba anual de alícuotas.

En el caso de Córdoba, para la misma actividad económica, en 2019 se experimentaría una reducción importante, al pasar la alícuota efectiva de 12,9% a 5,8% (se ha supuesto una ubicación fuera del Gran Córdoba y sin que se trate de una región sumamente favorecida por el decreto 814/01). Sin embargo, en este caso, luego con el devenir de la aplicación del cronograma de la reforma tributaria, que implicará la suba de la alícuota legal progresivamente hasta 2022, y en que decaerán los beneficios del citado decreto, la alícuota efectiva volverá a crecer hasta 7,1%, quedando en un nivel mayor al que regirá en 2019.

Los otros casos pueden analizarse en el mismo sentido. En la mayor parte de las situaciones examinadas se reduciría la carga en contribuciones patronales en 2019, salvo para provincias patagónicas, que parten de salarios formales elevados y resultan perjudicadas por la extinción gradual de los altos beneficios asignados por el decreto 814. En el conjunto de casos analizados, en general la alícuota efectiva se reduce entre 1 y 8 puntos porcentuales en 2019, pero volvería a incrementarse hacia 2022.

Al final del periodo de análisis la situación es heterogénea, la mayor parte de los casos planteados quedará con alícuotas más bajas en comparación con las de 2018, pero en gran parte de los casos serán superiores a las de 2019. La excepción, en esta lista de casos ilustrativos, la constituye las provincias patagónicas, al ser una región de altos niveles salariales, el efecto del mínimo no imponible será sobre-compensado por la suba de alícuotas que prevé la reforma y la eliminación de los beneficios del decreto 814/01, resultando en alícuotas “altas” en 2022, inclusive en comparación con 2017.

De acuerdo con la información oficial, la medida alcanzaría a 232.500 empleados correspondientes a 23.700 establecimientos productivos en todo el territorio nacional. Se considera que este sería el impacto inmediato, sobre puestos de trabajo formales existentes.