La economía navega la transición política local

Así lo afirma el reciente informe del Área de Economía del IAE de la Universidad Austral

16 octubre, 2019

A diferencia de Perú donde su actual y recurrente crisis política parece no afectar a la economía, nuestro país se encuentra ante una crisis de deuda y una potencial nueva crisis cambiaria para después de las elecciones generales del 27 de octubre, que se estima que impactarán negativamente en los mercados como viene ocurriendo, pronostica el informe del economista Eduardo L. Fracchia.

 

Mientras Brasil, estaría aminorando el esfuerzo por el “Lavajato”, en nuestro país parece también que la justicia está más benévola con los acusados. Este es también un factor de incertidumbre. La paz
cambiaria se viene consiguiendo sostenida por las reservas netas en proceso de liquidación y los U$S 7.000 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) autoriza a utilizar para contener al
dólar. El candidato opositor, Alberto Fernández, desea que no disminuyan las reservas netas, pero eso es más factible si se profundiza el control cambiario.

 

La inflación incorpora los efectos de la devaluación y continuará elevada durante octubre en torno al 5%. La idea de Alberto Fernández es reducir la dinámica inflacionaria para acceder a valores internacionales en un período de 10 años como en las experiencias de Israel y Chile. En ese sentido desde ese espacio kirchnerista, confían en un eventual acuerdo de 180 días de precios y salarios.

 

En términos anuales, la inflación cerrará entre 55% y 60%, y el año que viene se proyecta en 45%. A eso se suma que hay riesgos de monetización hacia el final de año que pueden influir en una mayor
dinámica de precios. La pobreza, cerca del 35%, es un indicador representativo del desempeño económico que cierra la gestión de Cambiemos.

 

Como es sabido, afecta relativamente con mayor intensidad a jóvenes más que a jubilados. El nivel de actividad, según el economista del espacio de Alberto Fernández, Alvarez Agis, se recuperará recién en el cuarto trimestre de 2020 ya que se estima una caída del producto de 2,5% el año entrante. El desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) es funcional a un plan coherente de
crecimiento que encare el próximo gobierno.

 

Valor del dólar 

El mencionado acuerdo de precios y salarios de 180 días no garantiza expansión del PIB. La economía sigue con un nivel bajo de ahorro que influye en la inversión, muy rezagada. La inversión asume el recorte de obra pública de 2019. Se aspiraba a 3,5% del Producto Interno Bruto con obra pública pero ese número se redujo por la necesidad de alcanzar al déficit primario cero. Las exportaciones son funcionales a la mayor disponibilidad de dólares.

El desempeño se verá a mediano plazo y Vaca Muerta puede ayudar en ese proceso junto a la Pampa húmeda. El nivel del tipo de cambio en $ 60 por dólar es deseable, es el doble de la Convertibilidad y lejos de valores del populismo cambiario, no es claramente un “dólar social´´. Si se hiciera una convertibilidadcon base monetaria dividida por las reservas netas, tendríamos un nivel de dólar cercano a $100. Por otro lado, hay perspectivas para la puesta en marcha de un tipo de cambio dual, múltiple o segmentado, lo cual podría convivir con el control cambiario que llegó para
quedarse.

 

Respecto al frente externo, el superávit comercial puede llegar a US$ 20.000 millones y la cuenta corriente a US$ 5.000 millones negativos en el año 2020. Ese nivel de superávit comercial es
consecuencia del descenso de importaciones y una leve suba de las exportaciones de 4% durante el año 2020. Sectores como la carne, el turismo, gas y servicios relacionados con el conocimiento, tienen un buen nivel de exportación.

Petróleo y gas vienen creciendo por el empuje de Vaca Muerta, donde está más sólido el desempeño del gas. Se estima exportar a China gas natural licuado por un período prolongado. Se proyecta
que serán 40 años por un valor de U$S 300.000 millones. Para que este objetivo se concrete es necesario disponer de reglas de juego estables, un marco jurídico que favorezca hundir inversión, análogo al que demanda la megaminería.

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