El precio de un acuerdo

La Reforma Laboral puede ser una señal para los inversores. Sin embargo, según los analistas, no es suficiente para fomentar el empleo. Y para lograrla el gobierno estableció alianzas por las que podría pagar un costo excesivo. Por N.E.B

2 marzo, 2000

Algunos analistas consideran que el precio pagado por la Alianza para alcanzar la media sanción de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados ha sido desproporcionado. En particular, porque, como señaló Joaquín Morales Solá en su columna del diario La Nación, “cuando llegue la hora de la protesta (o cuando el gobierno descienda en la popularidad de las encuestas, como seguramente sucederá), los aliados sindicales de ahora se irán presurosos con rumbo a la otra orilla”.

La preocupación aumenta cuando se consideran los argumentos de los expertos que advierten que el abandono del principio de que siempre se debe privilegiar la situación laboral que más favorezca al trabajador, y su reemplazo por la nueva norma de hacer prevalecer el convenio de menor nivel sobre el de mayor jerarquía, conduce a un avance en la precarización de las condiciones de trabajo.

Recientes estudios demuestran, por otra parte, que el grado de flexibilidad del salario está estrechamente vinculado con la tasa de desempleo y no con las características institucionales de los mercados de trabajo.

Un artículo del economista Roberto Frenkel subraya que “allí donde los salarios resultan principalmente de la negociación entre empresas y sindicatos, la magnitud del desempleo puede afectar la capacidad de negociar de unos y otros.

En países con otra organización institucional, donde los sindicatos no juegan un papel relevante en la fijación de los salarios, el aumento del desempleo puede incidir por la vía de incrementar el costo de quedar desempleado del trabajador. De esta manera, tiende a reducir la prima que debería pagar el empleador para retenerlo. En cualquier caso, aún en diferentes contextos institucionales, se encontraría una relación negativa entre salarios y desempleo”.

Más allá de estos cuestionamientos, resulta evidente que no existe ninguna norma legal que reordene las relaciones laborales y, a la vez, garantice que pueda aumentar la demanda de trabajo. Como señala Morales Solá, “la reforma laboral es sólo un mensaje a la economía y a sus inversores. (…) Pero no hay texto capaz de hacer un milagro: sólo en la medida en que se reactive la economía mermará la desocupación”.

Y en este punto se multiplican los motivos de inquietud de los hombres de la Alianza, porque lo que se ha comenzado a poner cada vez más en duda es la capacidad de la economía local de alcanzar elevados y sostenibles ritmos de expansión de la producción.

Algunos analistas consideran que el precio pagado por la Alianza para alcanzar la media sanción de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados ha sido desproporcionado. En particular, porque, como señaló Joaquín Morales Solá en su columna del diario La Nación, “cuando llegue la hora de la protesta (o cuando el gobierno descienda en la popularidad de las encuestas, como seguramente sucederá), los aliados sindicales de ahora se irán presurosos con rumbo a la otra orilla”.

La preocupación aumenta cuando se consideran los argumentos de los expertos que advierten que el abandono del principio de que siempre se debe privilegiar la situación laboral que más favorezca al trabajador, y su reemplazo por la nueva norma de hacer prevalecer el convenio de menor nivel sobre el de mayor jerarquía, conduce a un avance en la precarización de las condiciones de trabajo.

Recientes estudios demuestran, por otra parte, que el grado de flexibilidad del salario está estrechamente vinculado con la tasa de desempleo y no con las características institucionales de los mercados de trabajo.

Un artículo del economista Roberto Frenkel subraya que “allí donde los salarios resultan principalmente de la negociación entre empresas y sindicatos, la magnitud del desempleo puede afectar la capacidad de negociar de unos y otros.

En países con otra organización institucional, donde los sindicatos no juegan un papel relevante en la fijación de los salarios, el aumento del desempleo puede incidir por la vía de incrementar el costo de quedar desempleado del trabajador. De esta manera, tiende a reducir la prima que debería pagar el empleador para retenerlo. En cualquier caso, aún en diferentes contextos institucionales, se encontraría una relación negativa entre salarios y desempleo”.

Más allá de estos cuestionamientos, resulta evidente que no existe ninguna norma legal que reordene las relaciones laborales y, a la vez, garantice que pueda aumentar la demanda de trabajo. Como señala Morales Solá, “la reforma laboral es sólo un mensaje a la economía y a sus inversores. (…) Pero no hay texto capaz de hacer un milagro: sólo en la medida en que se reactive la economía mermará la desocupación”.

Y en este punto se multiplican los motivos de inquietud de los hombres de la Alianza, porque lo que se ha comenzado a poner cada vez más en duda es la capacidad de la economía local de alcanzar elevados y sostenibles ritmos de expansión de la producción.

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