¿Hay que salvar a los bancos o a la gente?

A la gente le indigna que, en vez de financiar la producción, los Estados ayuden a los bancos, acusados de enriquecerse con la especulación. Sin embargo, no hay producción sin bancos. Frente a una crisis bancaria los estados tienen una disyuntiva: o socorren o estatizan. Lo único que no pueden hacer es dejar que la banca se hunda.

1 diciembre, 2012

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Angela Merkel  
 
Lo máximo que pueden hacer es abandonar a un par de bancos agonizantes, pero no dejar que muera el sector. Si no se quiere o no se puede estatizar, hay que ayudar, y recuperar con participaciones accionarias, impuestos especiales y un mayor control. Ese es, en parte, el dilema que enfrenta la Unión Europea. Con un adicional importante: ¿el salvataje debe estar a cargo de los Gobiernos nacionales o de un organismo supranacional? 
 
La segunda es la respuesta de Mario Draghi, presidente de BCE, que propicia una unión bancaria continental. Una respuesta centralizada ya que, a su juicio, las reestructuraciones bancarias organizadas por algunos Gobiernos han fracasado. El escollo, como es habitual, es la oposición de Angela Merkel. Sin embargo hay quienes opinan que, esta vez, ella podría considerar esa opción. 
 
Fue justamente la canciller alemana quien en 2008, rechazó la idea de un fondo pan-europeo para hacer frente al colapso de Lehman Brothers. En esa circunstancia la eurozona tomó la decisión de que cada país debía rescatar a sus propios bancos. En aquel momento, dicen algunos expertos, comenzó la crisis europea. Pronto se verá hacia dónde se inclina Merkel en esta oportunidad. 
 
La propuesta de la Comisión Europea que llamó a formar una “unión bancaria”, una iniciativa en principio con acuerdo del BCE, fue el tema central de la cumbre de finales de junio. 
 
Durante mayo, poco después de las primeras elecciones griegas, había cierta unanimidad entre los grandes inversores sobre la probable evolución de la crisis de la eurozona. Se creía que Grecia abandonaría la eurozona en forma desordenada; que eso provocaría serios problemas de contagio para el sistema bancario español y tal vez el italiano y que el desastre resultante terminaría por obligar a los alemanes a permitir una resolución total de la crisis, tal vez mediante el uso masivo de los activos del BCE. Este escenario ya no existe. 
 
Los inversores advierten no solo que Grecia puede permanecer dentro del euro por otro período, sino que la condición de los bancos españoles se ha descontrolado. Y de esto último igual hay que ocuparse, pase lo que pase con Grecia.
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Mario Draghi
La relevancia sistémica 
 
En lo que hay acuerdo es que si se avanza con esta unión deberá incluir prácticamente a todos los bancos. En especial a los más relevantes para el sistema. Un criterio suficientemente elástico como para incluir al español Bankia y al alemán Landesbanken. Desde esa perspectiva, Bankia sería un banco que opera en España, pero ya no más un banco español. 
Esta proyectada unión bancaria debería incluir estos componentes centralizados: un fondo de resolución y otro de recapitalización; un fondo para el aseguramiento conjunto de los depósitos y una autoridad central de supervisión.  
 
Además, los dos fondos –uno para recapitalización y uno para aseguramiento– deben ser financiados adecuadamente. Una institución de resolución bancaria debería estar respaldada por un compromiso de por lo menos € 1 billón (millón de millones), que en última instancia tendrá que ser financiado por un bono de la eurozona.  
 
El seguro de depósitos debería ser ilimitado. Tal vez lo mejor sea anclarlo al mismo BCE, algo que se justificaría si o cuando el organismo de recapitalización bancaria sea lo suficientemente grande. Su objetivo debería ser detener los dos tipos de corrida bancaria que se están viendo ahora. La primera es sectorial: una corrida de los bancos débiles, en la que el dinero escapa hacia los bancos fuertes. La segunda es geográfica: una corrida de bancos en países débiles y periféricos, en la que el dinero va hacia los países centrales. O sea, el seguro de depósitos no solo debe asegurar depósitos sino el valor euro del depósito aun en el caso de que el país abandone la unión.  
 
Ambos planes exigen un profundo cambio institucional. Un fondo conjunto de recapitalización necesita un supervisor central con el coraje y el poder para entrar a un banco español y cerrarlo. El seguro de depósitos debe estar acompañado por una profunda unión política. De otro modo podría crear riesgo moral al alentar a los países a abandonar la eurozona en la seguridad de que existe esta garantía. Sin un compromiso de profundizar la unión política, el seguro de depósitos sería o ineficaz o desastroso. Recapitalización, seguro y supervisión conjunta son conceptos que van necesariamente juntos.
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Mariano Rajoy
Inquietud internacional 
 
La forma en que se manejó el caso Bankia y otros confirma –para los especialistas en el tema– que la supervisión bancaria en la zona del euro no puede seguir implementándose en forma descentralizada. Los incentivos de las autoridades nacionales permiten libertades –sostienen– que debilitan la estabilidad del sistema financiero europeo en su totalidad.  
 
El argumento que se usa para defender una supervisión prudente en el plano nacional es que las autoridades de supervisión tienen que responder ante los contribuyentes, que son quienes en última instancia sufren las consecuencias económicas de los fracasos bancarios. Mientras las operaciones de rescate bancario sean financiadas por impuestos recaudados a escala nacional, reza el argumento, la supervisión debería permanecer nacional.  
 
Sin embargo, en una unión monetaria, las decisiones tomadas por un organismo supervisor nacional impactan no solo sobre los residentes del país sino también en los contribuyentes y ahorristas de los demás países.  
 
Los acontecimientos recientes demuestran que las incertidumbres que rodean la reestructuración del Bankia han afectado negativamente el sistema bancario de toda la zona del euro y se han desparramado hacia otros segmentos del mercado financiero, inclusive hacia países que habían tomado medidas para poner en orden sus propios sistemas bancarios.  
 
El canal de transmisión a los otros países de la eurozona tiene varias dimensiones. Primero, el contagio a través del mercado del riesgo soberano aumenta el rinde de los bonos del Gobierno, elevando así la carga impositiva implícita en otros países. Segundo, la alta correlación del riesgo bancario entre los países deprime el valor del capital bancario en otras partes de la eurozona, alimentando una contracción del crédito. Tercero, si los fondos nacionales son insuficientes para asegurar una adecuada recapitalización bancaria, como fue el caso de Grecia, Irlanda y Portugal, hay que recurrir al organismo europeo, que compromete a contribuyentes de otros países. 
 
La supervisión descentralizada en el área del euro también brinda incentivos para subestimar riesgos y poner la carga del ajuste sobre los contribuyentes de otros países. La naturaleza confidencial de la información recolectada por supervisores en sus respectivos bancos suele usarse como una razón para no compartirla con los demás países, aumentando así la probabilidad de subestimar la gravedad de la situación y las implicancias de la crisis para otros países. Las pruebas descentralizadas de resistencia han permitido diferente rigor según los países, debilitando la credibilidad de toda la estructura supervisora europea. Los puntos de referencia y los vencimientos para recapitalizaciones fueron fijados primeramente con vistas a acomodar las preferencias nacionales más que restaurar la estabilidad en todas partes.  
 
El sistema actual de cooperación entre supervisores nacionales bajo la Autoridad Bancaria Europea es débil y carece de un mecanismo de sanción para evitar estos riesgos.  
 
El actual sistema descentralizado de supervisión también pone una carga indebida sobre el BCE. Este último confía en la evaluación de los supervisores nacionales para juzgar si los bancos son solventes y si pueden ser aceptados como contrapartes para operaciones de política monetaria. Esto alimenta la tentación, por parte de los supervisores nacionales, de subestimar los riesgos de solvencia y encarar los problemas mediante la provisión de liquidez del banco central en lugar de aumentos de capital.

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