Hewlett-Packard: el directorio rompe con su propio abogado

El cuerpo ha dado por terminado el asesoramiento jurídico de Lawrence Sonsini, hasta hace poco influyente abogado de Silicon valley. Sus vacilaciones en el manejo de un reciente escándalo fueron motivos determinantes.

15 diciembre, 2006

Ésta es la última repercusión, hasta ahora, de un afer cifrado en espionaje sobre directivos y periodistas. Esto llevó al procesamiento penal de Patricia Dunn, presidente de la junta, y un letrado de alta jerarquía, por parte de la fiscalía de California. Además, hubo investigaciones federales y multas civiles por US$ 14.500.000, amén de papelón para una empresa que hacía culto de la ética. Desde el 2 de enero, pues, el estudio Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati deja de prestar asesoramiento al directorio, aunque continúa realiPor supuesto, Sonsini y su firma no estaban involucrados en el espionaje, que se desató cuando Dunn ordenó a abogados e investigadores de la compañía localizar la fuente de las filtraciones. Pero Sonsini fue criticado por su incapacidad para evitar que el asunto perjudicase a la empresa.

Portavoces del estudio jurídico aclararon que hay pendiente una gran cantidad de trabajo con H-P. Por ejemplos, el papeleo relativo a la reciente compra, por US$ 4.500 millones, de Mercury Interactiva, una especialista en software institucional. Desde 1995, Sonsini intervino en varios temas relevantes, en particular la larga batalla entre la junta y Carleton Fiorina, en torno de la toma de Compaq. Los clientes del estudio abarcan Apple, Google, Sun Microsystems, Applied Materials y otros pesos pesados.

Concretamente, a Sonsini se le reprocha no haber protegido a la compañía luego de que un director, Thomas Perkins, revelase que se habían usado identidades falsas para obtener grabaciones telefónicas personales. Los detectives de H-P aplicaron esas técnicas para conseguir datos sobre directores y periodistas (que cubrían actividades de la firma). En mayo pasado, otro director (George Keyworth), fue sindicado como fuente de las filtraciones, lo citaron a declarar y le pidieron la renuncia.

El estudio entrevistó, a fines de agosto, a personas implicadas en el espionaje y, también, a Mark Hurd, presidente ejecutivo de H-P. Al cabo, Sonsini concluyó que no había habido delitos. No obstante, a principios de septiembre la empresa elevó a la Securities & exchange commission (SEC, comisión de valores) una declaración admitiendo esas prácticas y recalcando que, “en términos latos, no eran ilegales”. Pero el asunto ya estaba en los medios y el abogado no supo frenarlo,

Ésta es la última repercusión, hasta ahora, de un afer cifrado en espionaje sobre directivos y periodistas. Esto llevó al procesamiento penal de Patricia Dunn, presidente de la junta, y un letrado de alta jerarquía, por parte de la fiscalía de California. Además, hubo investigaciones federales y multas civiles por US$ 14.500.000, amén de papelón para una empresa que hacía culto de la ética. Desde el 2 de enero, pues, el estudio Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati deja de prestar asesoramiento al directorio, aunque continúa realiPor supuesto, Sonsini y su firma no estaban involucrados en el espionaje, que se desató cuando Dunn ordenó a abogados e investigadores de la compañía localizar la fuente de las filtraciones. Pero Sonsini fue criticado por su incapacidad para evitar que el asunto perjudicase a la empresa.

Portavoces del estudio jurídico aclararon que hay pendiente una gran cantidad de trabajo con H-P. Por ejemplos, el papeleo relativo a la reciente compra, por US$ 4.500 millones, de Mercury Interactiva, una especialista en software institucional. Desde 1995, Sonsini intervino en varios temas relevantes, en particular la larga batalla entre la junta y Carleton Fiorina, en torno de la toma de Compaq. Los clientes del estudio abarcan Apple, Google, Sun Microsystems, Applied Materials y otros pesos pesados.

Concretamente, a Sonsini se le reprocha no haber protegido a la compañía luego de que un director, Thomas Perkins, revelase que se habían usado identidades falsas para obtener grabaciones telefónicas personales. Los detectives de H-P aplicaron esas técnicas para conseguir datos sobre directores y periodistas (que cubrían actividades de la firma). En mayo pasado, otro director (George Keyworth), fue sindicado como fuente de las filtraciones, lo citaron a declarar y le pidieron la renuncia.

El estudio entrevistó, a fines de agosto, a personas implicadas en el espionaje y, también, a Mark Hurd, presidente ejecutivo de H-P. Al cabo, Sonsini concluyó que no había habido delitos. No obstante, a principios de septiembre la empresa elevó a la Securities & exchange commission (SEC, comisión de valores) una declaración admitiendo esas prácticas y recalcando que, “en términos latos, no eran ilegales”. Pero el asunto ya estaba en los medios y el abogado no supo frenarlo,

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