Con desregular no alcanza
Criticada y resistida por casi todos los actores del sector de la salud, la reforma que debería empezar a regir en enero se inscribe en un panorama signado por incongruencias y dificultades. En la Argentina, el gasto total anual en salud suma $ 22.100 millones, lo que representa 7,4% del PBI. Pero $ 6.200 millones corresponden al denominado gasto privado o de bolsillo, que la población realiza para completar la atención recibida, ya sea por parte del Estado, su obra social o su servicio prepago. 12 millones de personas no tienen cobertura alguna y dependen del hospital público para su atención. La tasa de mortalidad infantil en la Argentina es de 21,8 por mil, casi el doble de los registros de Chile y Costa Rica, países cuyo gasto en salud por habitante equivale a prácticamente la mitad. La reforma abarca a 11,6 millones de argentinos, beneficiarios de obras sociales, menos de un tercio de la población. Hay unas 290 obras sociales (excluyendo al Pami) que atienden a 11,6 millones de personas. Las primeras 20 del ranking concentran casi dos tercios (65,7%) de los beneficiarios totales, y, entre ellas, las 10 primeras absorben 51,5%. Para esta investigación, MERCADO procuró consultar a representantes de todos los sectores involucrados. Hablan, aquí, desde el ministro de Salud y otros funcionarios gubernamentales, hasta dirigentes de sindicatos y obras sociales, empresarios del sistema de prepagas y médicos sanitaristas. Más allá de los cuestionamientos específicos que plantea cada uno de ellos a la iniciativa desreguladora, parece haber coincidencia en un punto fundamental: la reforma resulta, a todas luces, insuficiente para encarar una solución a los graves problemas actuales y avanzar en el diseño de un sistema que garantice eficiencia del gasto y atención adecuada para toda la población.
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