Mitos y verdades de las dos represas patagónicas

Por Miguel Ángel Diez

La polarización, la aparición de los que están a favor y de los que están en contra, ha llegado hasta noticias que, prima facie, parecen muy alejadas de un debate político y que solamente ameritan evaluación técnica. Esta dinámica de la confrontación que tan bien ha cultivado el partido en el Gobierno encuentra correspondencia en la reacción de medios y protagonistas de la vida pública.
Un caso ejemplar es, en este sentido, el proyecto de la construcción de dos represas patagónicas sobre el curso del río Santa Cruz: la Néstor Kirchner (antes Cóndor-Cliff) y la Jorge Cepernic (La Barrancosa).
Las obras merecieron un llamado a licitación (el tercero) en agosto de 2012. En enero de 2013 se presentaron cinco ofertas, de las que participaron en total 21 empresas: 14 argentinas, dos chinas, una francesa, una coreana, dos brasileñas y una española. En agosto de 2013 se decidió la adjudicación a favor de un consorcio integrado por la empresa china Gezhuoba Group Corporation, y las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo.
Entonces prosiguió la polémica –ya venía desde años anteriores– que no ha amainado, y donde proliferan argumentos y acusaciones en diferentes frentes que impiden ver el escenario completo y apreciar los hechos de modo objetivo.
Las discusiones se entrecruzan en diferentes direcciones: si convenía hacer estas represas ahora o si había otros proyectos mejor calificados; por qué precisamente en este momento con una difícil situación económica y no antes; por qué con el mecanismo de financiación elegido; cuál es la realidad en materia de costos y plazos. Además de denuncias y sospechas sobre corrupción y/o favoritismo indebido, hay otra duda sobre si los protagonistas elegidos tienen o no capacidad técnica para llevar adelante al emprendimiento.
Las objeciones no se terminan. En el campo de los entendidos en esta especialidad abundan las apuestas: ¿comenzarán de verdad las obras o eso no ocurrirá? ¿Habrá demoras de ejecución y mayores costos y sobreprecios que encarezcan sustancialmente las obras?
Sobre todo este cuestionario avanzó Mercado tratando de poner las cosas en su exacta perspectiva. He aquí los resultados de esta labor.

Oportunidad y ventajas

De un lado, quienes objetan la realización creen que había otras alternativas más económicas, o más rápidas en su realización. Otros apuntan a que quien lanza el proceso es un Gobierno en las postrimerías de su mandato, lo que puede llevar inevitablemente a una revisión por parte de un nuevo Gobierno desde 2015.
Una de las principales objeciones recogidas es que se hará una enorme inversión –que a la postre pagará el Estado, es decir los contribuyentes– para generar 1.700 megawatts de potencia en un río que solo permite generar unos 500 megawatts promedio. Dicho de otro modo, solo un tercio del año esas usinas funcionarían en el máximo de su capacidad.
Los defensores apuntan: en el actual escenario energético argentino todo lo que se pueda hacer tiene sentido. Sumar capacidad de generación hidroeléctrica es esencial cuando se repara en el costo para el país de las importaciones en energía térmica (hay consenso en que ya superan los US$ 12.000 millones anuales). Claro –apuntan– que estas obras tardan en madurar. Por eso –sostienen– hay que iniciarlas de una vez.
Un veterano en estas lides como Ángel Ferrigno (director de IATASA Ingeniería, una empresa con vasta experiencia en el campo de las represas e incluso en este proyecto del río Santa Cruz) está convencido de que las represas se harán. Tal vez haya alguna demora –admite– tan común en este tipo de emprendimientos, pero las obras se harán. Cree que los ganadores de la oferta tienen antecedentes y experiencia para llevar adelante el emprendimiento (una opinión especialmente valiosa ya que proviene de una de las firmas que presentaron otra propuesta que fue desechada).
Para quienes creen que esto empezó ahora, con una decisión del actual equipo de Gobierno, vale la pena recordar los antecedentes.

Un proceso, tres licitaciones

La historia comienza en 1976 con el concurso para estudiar el curso del Río Santa Cruz y su potencial hidroeléctrico. Estudios hidráulicos, de suelos, y determinación de qué tipo de obras se podían hacer (tanto para el caso de Cóndor Cliff, de La Barrancosa, e incluso de La Leona).
La empresa que tuvo a su cargo esta etapa fue precisamente IATASA Ingeniería, que todavía opera en estas actividades, como también en otro tipo de obras.
Se determinó –como lo recuerda el ingeniero Carlos A. Verdi, presidente de la firma– la gran regularidad del río y su especial aptitud para la generación hídrica.
En aquel tiempo no existía interconexión eléctrica con el resto del país, y la población de la provincia patagónica era menor que hoy. ¿Para qué se usaría entonces la electricidad?
La idea dominante entonces en el sector público y también en el privado era estimular la demanda de industrias electrointensivas, como el aluminio. En suma, replicar el modelo de Aluar con Puerto Madryn y la represa de Futaleufú.
Esa idea, esa estrategia de desarrollo no prosperó, y los años pasaron –con algunos estudios que se agregaron en el medio, especialmente de geotecnia– hasta 2006 donde se hizo otro llamado a licitación.
Como lo recordó la propia Presidenta en el acto de adjudicación, en agosto pasado, hubo tres licitaciones. La primera “fue de iniciativa privada, lo ganó también un consorcio que finalmente no tuvo financiamiento. Fue en el año 2008. Una iniciativa privada como ustedes saben es un mecanismo previsto en nuestra legislación que permite que grupos privados presenten una iniciativa al Estado para realizar una obra y que el Estado pone en conocimiento del resto de la comunidad económica esta iniciativa privada, y si nadie mejora esa iniciativa privada se le adjudica a ese grupo”.
Pero el grupo que ganó no obtuvo financiamiento, justo en medio de la crisis global.
En 2010 se lanzó una segunda licitación. La ganó un consorcio integrado por Impsa (Enrique Pescarmona), Corporación América (Eduardo Eurnekian) y el grupo brasileño Camargo Correa. La oferta fue entonces de $16.400 millones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó el trámite con una ley. Pero la Nación no pareció encontrar los fondos para comenzar los trabajos. Finalmente, la provincia y el consorcio ganador acordaron “dar por finalizado el proceso por causas ajenas a ambas partes y sin ninguna clase de reclamo indemnizatorio”.
Como la tercera es la vencida, en 2012 se llamó a una nueva licitación, pero esta vez ya en la órbita del Gobierno nacional. Para ese momento las obras se calcularía en $5.000 millones más. Además, los oferentes deberían jugar un rol clave en la obtención de financiamiento.
Entre los consorcios que se formaron había nombres familiares al entorno presidencial. Uno con Cristóbal López, que se retiró rápidamente. Otro con Lázaro Báez unido a la china Sinohydro (que construyó Tres Gargantes, la represa más grande del mundo). Una tercera con Electroingeniería formó un grupo con los chinos de Gezhouba. Esta última resultó ser la ganadora.
A pesar de las denuncias y acusaciones contra el consorcio ganador, hay unanimidad de la gente que conoce esta actividad en que no se pueden comparar los casos de Cristóbal López y de Lázaro Báez con la cordobesa Electroingeniería.
Esta es una sólida firma especializada en todo tipo de ingeniería, aunque sin experiencia directa en represas. Mantendrá vínculos especiales con el actual Gobierno, pero también acredita profesionalidad y obras terminadas. Para reafirmarlo acaban de contratar para dirigir la obra al ingeniero italiano Gianfranco Rizzo, de quien se dice que es el hombre viviente que más represas ha construido en el mundo. Estuvo en Chocón, en Salto Grande y en Yacyretá 10 años, pero antes y después ha estado por todas partes, incluso Kazajistán, de donde lo trajeron.
En todo caso, la gran objeción contra Electroingeniería fue lo referido a la cláusula especial de financiamiento que le permitió –de modo insólito– exhibir a la postre la oferta más baja.

Daniel Montamat

Una alternativa posible

El ex secretario de Energía Daniel Montamat es rotundo en su opinión: en la Argentina de hoy toda nueva energía viene bien. Sin embargo cuando hay restricciones de capital y de financiamiento hay que priorizar aquello que puede aportar más generación con menor costo. Según él, la propia Secretaría de Energía había hecho el listado de grandes proyectos “y estos de Cóndor Cliff y La Barrancosa no estaban entre los mejores….”
En ese ranking de 2010 –recuerda– había uno que sobresalía y que no se ha hecho. Es Aña Cua, un proyecto que es accesorio a la obra de Yaciretá. “Es una iniciativa donde ya está la pared lista, solo hay que poner las turbinas”.
Aña Cua –recuerda Montamat– son 280 megawatts de potencia que generan, por el río Paraná, 2.000 giga watts/hora. La comparación es: con datos más o menos oficiales de Cóndor Cliff y la Barrancosa habrá 1.700 megawatts de potencia y son 5.100 gigawatts/hora de generación. Hay que comparar 2.000 gw contra 5.100. Es decir, 40% de la generación de las dos represas patagónicas.
En cuanto al costo, Aña Cua estaba presupuestada en US$ 200 millones cuando se hizo la licitación a final de siglo. “Después el kirchnerismo la vuelve a licitar en 2005 y ya costaba US$ 400 millones. La obra completa, porque en definitiva, es accesoria. Son US$ 400 millones contra US$ 5.000 millones (actual estimación que podría crecer)”.
Por qué no se hizo Aña Cua se le preguntó a Montamat. “Una respuesta será: …”y, están los paraguayos”. Es parte de Yaciretá. Es cierto que estamos discutiendo con los paraguayos el tema de la deuda pasada. Pero hemos tenido 10, 12 años para hacer eso, ¿por qué no se ha hecho? Cuando hay capital escaso y falta de financiamiento hay que privilegiar lo que sale menos”.

¿Quién va a pagar por esto?

La versión más difundida es que los chinos se harán cargo de la energía que se produzca, la venderán y recuperarán costos. No es así. La garantía es del Estado Nacional. Bien lo dijo Cristina Fernández de Kichner en el acto de adjudicación: “hoy estamos endeudándonos, porque obviamente quien nos financia nos lo va a cobrar, no lo va a hacer gratis, pero estamos endeudándonos para generar 1.740 megavatios de energía absolutamente renovable, limpia y lo que es importante remarcar, constante durante todo el año”.
Otros observadores dudan de que finalmente los chinos aporten el total requerido. Además de problemas circunstanciales (seguros, garantías, etc.), está la actual situación del país (en teoría, las obras deberían haber empezado en diciembre pasado, y ahora se habla de un año más para comenzar).
Por su parte Montamat pone el acento en otro ángulo. Sostiene que algunas de las observaciones técnicas –supuesto bajo rendimiento en horas de generación– no son relevantes con relación a otras iniciativas. La particularidad, en este caso, –dice– es que es un proyecto que se hizo ad hoc. No ha pasado por organismos internacionales.
“El gran tema es ¿quién va a pagar por esto? No es un proyecto público-privado. Lo que se llama PTO (BOT -Build, Operate and Transfer) donde el privado lo hace, se cobra con la generación y después de ciertos años transfiere la concesión al Estado. No, esto lo concesiona la provincia de Santa Cruz, porque el río está ahí, pero se hace con financiamiento estatal.”
“Hay un financiamiento para la inversión que provee la empresa china. Pero lo recupera con garantía del Estado nacional. No hay un mecanismo de aseguramiento que diga que ellos toman el riesgo con la energía generada del repago de la obra. No, quien garantiza el repago de ese financiamiento es el Estado. En las represas de Santa Cruz estamos frente un Estado garante que va a ser pagador.”

Tiempos, costos, precio del kw

“La mayor corrupción en este tipo de obras –dice un histórico como Jorge Carretoni de larga actuación en Yaciretá– está en las demoras en el proceso de construcción, que añaden costos multimillonarios a los presupuestos originales”.
Aún los que están totalmente seguros que se construirán las represas no piensan que se inicien las obras antes de un año.
Para otros observadores eso no ocurrirá nunca. “¿Se imagina a los chinos ingresando dólares a $8 cuando está en 12 en el paralelo y se espera una devaluación importante?”.
La obra adjudicada está en el orden de $23.000 millones. Los que tienen experiencia en este tipo de obras y tienen una visión optimista, dicen que harán falta US$ 5.000 millones. En cambio, los pesimistas –o realistas, como se prefiera– arriesgan que la inversión total será del orden de US$ 8.000 millones. 
Para Montamat “el proyecto tiene bastante chance de concretarse y además el país tiene necesidad de que se haga. Puede ir adelante, salvo que la realidad del país complique las cosas mucho. Ahora, el cuestionamiento de fondo es otro: los términos en que se ha llevado adelante comprometiendo recursos públicos. Cuando estos son escasos hay que priorizar”. 
“Ahí es donde aparece el tema de los tiempos: puede que se inicie el proceso pero no hay certeza si se va a terminar en los plazos previstos, que son algo menos de seis años. O el tema de los mayores costos. No solo porque la obra se extiende en el tiempo lo que genera nuevos gastos. Ocurre también que quien hace el financiamiento entra a temer por el nivel de incertidumbre”. 
Para Montamat, el riesgo evidente es que a este Gobierno le quedan menos de dos años de mandato. Si se demora la iniciación de las obras, todo se puede complicar. Un nuevo Gobierno puede entender que este proceso está “flojo de papeles” –como dicen en la jerga– y entonces tratará de revisarlo o impugnarlo, “sobre todo si se sospecha que está vinculada gente próxima al actual Gobierno”. El caso es que se están comprometiendo recursos futuros, y toda demora tendrán que pagarla otros Gobiernos. 
En cuanto al costo del kilowatt/hora producido en estas represas, una estimación dice que se situará en US$ 300. El costo residencial hoy es de US$ 8 y de US$ 60 para consumo industrial. Con lo cual la inversión no se recuperaría jamás. Pero eso es un problema para el Estado garante y no para el constructor.
Un tema que parece fuera de discusión es el destino de la energía generada. Hay una red de interconexión nacional en la que se ha avanzado en los últimos años y que es un logro que puede exhibir este Gobierno.
Coincide Montamat: es cierto. “Es una de las áreas rescatables de esta gestión. A lo mejor costó más de lo previsto, pero se terminó vertebrando el sistema de alta tensión de 550 kw. Se ha vertebrado el NOA y el NEA, también el sistema del sur, Comahue con Cuyo, lo mismo el sistema patagónico con el interconectado nacional. Hay una malla que cubre el país. En electricidad tenemos autopistas. En rutas no”.

Rasgos singulares del proyecto

El Complejo Hidroeléctrico La Barrancosa (Jorge Cepernic)-Cóndor Cliff (Néstor Kirchner) es un emprendimiento para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, que generará una potencia eléctrica de 1.700 megavatios. La Barrancosa estará situada a 185 km de la desembocadura del río Santa Cruz, mientras que Cóndor Cliff, a 250 kilómetros. Esta obra será la tercera hidroeléctrica en importancia, después de las de Yaciretá y Salto Grande. 
Producción de energía: 5.246 Gwh/año (representa 4,7% de la energía del sistema eléctrico nacional actual).
Potencia máxima: 1.740 Megavatios. 
Puestos de trabajo generados: 5.000 puestos de forma directa. (40% del valor de la obra estará destinado a la mano de obra).
Plazo de ejecución: previsto en 66 meses.
Superficie de embalse: 47.300 Has.
Inversión prevista: US$ 5.000 millones.
Ganadora de licitación: la empresa china Gezhuoba Group Corporation, y las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo.
Financiamiento: el monto que demandará será financiado por las entidades China Development Bank (85%) y el Bank of Communication (15% restante), a una tasa de interés Libor más 3,8% adicional.
Iniciación: se suponía que la obra comenzaría en diciembre de 2013, con un plazo de ejecución de cinco años y medio. Ahora, los expertos en este campo calculan que comenzará a principios del año próximo. Por lo menos, algo más de un año de demora.

Un programa de desarrollo para la Patagonia austral

Por Horacio Escofet (*)

Siempre que se habla de presas hidroeléctricas está presente la posibilidad de diseñar un programa de desarrollo económico regional basado en la multiplicidad de sus efectos. Esencialmente en lo que refiere a la utilización local de la energía disponible, el abastecimiento de agua para uso humano, industrial e irrigación y el aprovechamiento turístico y recreativo de los embalses y sus perilagos. 
La Patagonia registra dos casos de inevitable referencia cuando esto se analiza: los efectos directos e indirectos de las presas sobre los ríos Limay y Neuquén en al área de confluencia de los mismos y el desarrollo del enclave industrial del aluminio en Puerto Madryn, sustentado en la generación eléctrica por la presa sobre el río Futaleufú y su línea de transmisión hasta este puerto.
Dos casos distintos pero igualmente exitosos, de los cuales pueden aprovecharse y extrapolarse todas sus consecuencias económicas y sociales. En el comienzo están las obras en sí mismas, las que generan una movilización empresaria y laboral de una magnitud tal que resulta de dificultosa aprehensión a priori, tanto por tamaño cuanto por grado de especialización, pero que es anticipadamente visualizada por profesionales, técnicos, obreros, comerciantes y emprendedores varios quienes, fincando en ellas la perspectiva de un futuro promisorio personal y familiar, generan una corriente migratoria autónoma e inteligente, repleta de voluntad creadora y ejecutora. 

Algunas decenas de años más tarde, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, las ciudades de Plottier, Neuquén y Cipolletti concentran una población superior a los 350.000 habitantes, producto de una vertiginosa aceleración del afincamiento poblacional, el que seguramente encuentra su núcleo fundante en el “efecto Chocón”, todavía un símbolo del desarrollo económico. Y la ciudad de Puerto Madryn –en la que coexisten, pese a las predicciones catastróficas sobre el medio ambiente, el aluminio con las ballenas y otras faunas marítimas, el buceo de alta profesionalidad y el turismo nacional y extranjero–, ha alcanzado una población cercana a los 100.000 habitantes, algo así como 15 veces la que tenía en la década del 60, apoyando este salto en el inicial desarrollo energético-industrial. La voluntad política estuvo permanentemente presente en ambos casos, con un pensamiento estratégico basado en la concreción. El tiempo de planificación y ejecución de las presas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic otorga margen suficiente como para pensar, diagramar y poner en marcha un programa de desarrollo económico de la Patagonia austral el que, como se ha visto, tiene antecedentes vecinos que permiten vislumbrar posibilidades ciertas de concreción.

(*) Horacio Escofet es ingeniero (Universidad Nacional de la Plata). Ha sido director del Consejo Federal de Inversiones y subsecretario del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Actualmente es consultor.