Pesada herencia K; un megaestado deficitario

Si se lo mira por el lado del gasto el Gasto Primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF) neto de transferencias de recursos corrientes y de capital a provincias y municipios, el tamaño del Estado Nacional cerrará 2015 en torno de 32% del PBI base 1993 (25% del base 2004). Máximo valor para, por lo menos, los últimos 25 años, sea cual sea la serie de PBI que se utilice (1993 o 2004), según expresa la consultora Ledesma como uno de los 7 desafíos macroque encontrará la próxima Administración.

 

Es más, los mismos datos permiten afirmar que en la década kirchnerista (2003-2015) el Gasto Primario del SPNNF (sector público nacional no financiado) neto de transferencias a provincias y municipios, prácticamente triplicó su tamaño relativo al producto. Pues, arrancó ese período en torno a 12,2% (no hay PBI 2004 para 2003) y terminó multiplicando por 2,62 veces ese punto de partida, afirma en el documento 7D: una visión sintética de la pesada herencia macroeconómica del kirchnerismo.

 

Si se mira por el lado de la presión fiscal estrecha (recaudación/PBI), la recaudación tributaría nacional cerrará 2015 en torno 36,7% del PBI (28,71%), de los cuales unos 27 puntos porcentuales son recursos para el SPNNF (incluyen Fondo Federal Solidario), y los restantes 9,7 puntos porcentuales se distribuyen automáticamente entre las jurisdicciones provinciales.

 

Doce años atrás (2003), la presión fiscal nacional alcanzaba a sólo 19,2% del PBI (no hay dato 2003 en serie PBI base 2004). En este caso, el ratio casi llegó a duplicarse durante los doce años de kirchnerismo.

 

Esos datos indican que la próxima Administración recibirá el mayor Estado nacional de, por los menos, los últimos 25 años. Cualquiera sea la base de cálculo del PBI elegida. Ya sea que se lo mire por el lado del gasto primario o de la presión fiscal. Justamente por eso se habla de “Megaestado”.

Durante esos doce años la brecha entre el peso relativo del gasto primario y el de la presión fiscal fue en constante ascenso, razón por la cual también lo hizo el tamaño del déficit fiscal nacional.

 

En particular, todo indica que el SPNNF cerrará 2015 con déficit primario real (sin contabilizar giro utilidades del BCRA y uso del ANSES de las utilidades obtenidas sobre el FGS sobre del SIPA) por encima de 6,4% del PBI (5%) y uno financiero (con intereses de la deuda) del 8,5% del PBI (7%).

 

En consecuencia, la próxima Administración no sólo heredará el mayor Estado Nacional de los últimos 25 años, sino junto con él, el mayor agujero primario y financiero de los últimos 25 años. Sin posibilidad de ajustarlo vía alza de tributos, ya que también se está ante la presión fiscal más alta de los últimos 25 años.

 

Además del rojo primario real de 6,4% del PBI (5%) que heredará la próxima administración. Podemos calcular que el SPNNF enfrentará en 2016 vencimientos de intereses extra-sector público, en moneda nacional y extranjera, por no menos de 2% del PBI (1,6%) y vencimientos de capital extra-sector público, en moneda nacional y extranjera, por no menos de 5,7% PBI (4,5%): enfrentará una necesidad de recursos de no menos de 14% puntos del PBI (10,1%).

 

Este cálculo de necesidades financieras es optimista, pues, no incluye el costo de, en estas condiciones, un prácticamente ineludible arreglo con los holdouts y tampoco incorpora el impacto que de cualquier tasa devaluación nominal tendrá sobre ratio servicios de deuda en moneda extranjera sobre PBI, dada la relativamente alta participación de la deuda en moneda extranjera o indexada por TCN.

 

En 2015, la correspondiente necesidad de recursos fue de 6,4% PBI de rojo primario, más 2,1% PBI de intereses y 3,5% PBI de vencimientos de capital de la deuda extra sector público. Es decir, en torno de 12% del PBI (9,3%).

 

Veamos cómo se financió semejante nivel de rojo fiscal en 2015, para entender por qué no puede sostenérselo durante los próximos cuatro años, si se quiere evitar una “ajuste por las malas” y estabilizar la economía local:

 

a) La mayor parte de los vencimientos de intereses y de capital de la deuda pública extra sector público se cancelaron con reservas del BCRA y una porción menor se refinanció. En particular, el fondo desendeudamiento 2015 (Ley de Presupuesto 2015) y el Decreto PEN 1503/15 consolidaron un uso de reservas del BCRA por casi US$ 16.000 millones en 2015. Equivalentes a 3,5% del PBI (2,7%)

b) Más de a mitad del déficit primario del Sector Público Nacional No Financiero se financió vía BCRA con fuentes de expansión monetaria, adelantos transitorios y giro de utilidades devengadas. Un aporte total de 4,5% del PBI (3,5%)

c) Otro 1% del PBI (0,8%) se financió con el uso de las utilidades obtenidas sobre el FGS del SIPA.

d) Los restantes 3 puntos del PBI (2,3 puntos) fueron y serán aportados por nuevo financiamiento extra-sector público y con el Banco de la Nación, la mayor parte de los cuales ya se realizó vía emisiones de títulos públicos en dólares, en pesos y en pesos indexados por TCN.

 

De cara a 2016, no hay espacio para seguir utilizando reservas del BCRA para la cancelación de los servicios de la deuda pública en moneda extranjera.

 

En este caso la opción sería endeudarse en el mercado internacional de capitales para ir financiando los sucesivos vencimientos. Tampoco hay espacio, si se quiere encarar la superación definitiva del proceso inflacionario local y lograr un ajuste cambiario exitoso desde el punto de vista de la competitividad/rentabilidad de los sectores transables, seguir financiando el rojo fiscal con semejante nivel de emisión monetaria, ya sea que esta última sea directa o indirecta (tomo deuda en pesos en un contexto de fuerte emisión del BCRA para evitar la suba de tasas que ese fuerte endeudamiento interno impulsa o tomo deuda externa y se la doy al BCRA para que me gire los pesos) utilizada para financiar el rojo fiscal.

 

Por último el recurso del ANSES de “meter mano” en el FGS del SIPA tiene “patas cortas”. Sobre todo para la próxima administración. Pues, en un país con la estructura demográfica y el alto nivel de empleo informal del nuestro, un sistema previsional de reparto con beneficio prácticamente universal (en la practica el acceso al beneficio no depende de haber aportado o no) es estructuralmente deficitario ya en el largo plazo.

 

Seguir recurriendo a esta fuente de recursos justamente le quita sustentabilidad a un sistema previsional intrínsecamente insustentable con los propios aportes. Y, por lo tanto, es pan para hoy y hambre para un mañana ya no tan lejano.

 

Se impone encarar un ajuste fiscal que de ninguna manera pueda basarse en el incremento de la presión fiscal. Sino, que, por el contrario, debería incluir una reducción de la presión fiscal y una simplificación/racionalización del sistema tributario local, que reducirá los ingresos tributarios del SPNNF y que, consecuentemente, profundizará la necesidad de ajuste/racionalización por el lado del Gasto Público Primario.

 

Punto adicional implica la necesidad de racionalización y coordinación tributaria con las provincias y municipios.

 

Con lo cual, se cae de maduro, que explícita o implícitamente (erosión inflacionaria), hay que encarar una reducción del Gasto Primario del SPNNF en un horizonte de mediano plazo (3/4 años) que no baja de los 7/8 puntos del PBI (5/6 puntos). Es decir, un ajuste fiscal promedio anual de 2 puntos del PBI por año para los próximos cuatro años.

 

Semejante magnitud de consolidación fiscal pone en primera línea a las transferencias corrientes al sector privado (subsidios a la electricidad, el gas, el transporte, AA.AA, etc.) y a los déficits operativos de las empresas públicas.

 

En particular, las Transferencias de recursos corrientes al sector privado cerrarán el presente año levemente por debajo de los 7 puntos del PBI (5,5 puntos).

 

No hay que perder de vista que el recorte de este tipo de transferencias tiene como contrapartida ajustes tarifarios significativos en las tarifas de los servicios públicos, lo que dificultará en el corto/mediano plazo los esfuerzos en pos de la estabilización inflacionaria y de mejora de la competitividad/rentabilidad del sector exportador local.

 

En tanto, las jurisdicciones provinciales y municipales deberán hacer un esfuerzo de consolidación fiscal que resulta menor en términos del PBI, pero que en términos de sus respectivos PBG y/o Gastos Primarios resulta mucho mayor.

 

Semejante ajuste fiscal no implica recortar. Sino por sobre todas las cosas reformular el Estado, redefiniendo las prioridades del gasto, racionalizando e incrementando significativamente el nivel de eficiencia del mismo.