Bancarrotas: una reforma a la medida de los Bush
Quedó asegurada la aprobación senatorial para la primera reforma general de la legislación sobre concursos y quiebras en 27 años. Se trata de una medida solicitada por los sectores financiero y minorista desde hace tiempo.
La futura ley impedirá a muchas familias aprovechar las cláusulas más generosas del sistema actual de bancarrotas. El régimen les permitía extinguir deudas vía “borrón y cuenta nueva”. El nuevo, les impondrá costos adicionales a quienes busquen amparo legal acreedores abusivos, en tanto dará instrumentos a prestamistas y emisoras de tarjetas para recobrar deudas (es decir, acreencias).
Para asegurar el pasaje de las reformas, el Senado vetó una enmienda que hubiese impedido, a quienes protestasen violentamente contra clínicas donde se hagan abortos, apelar a cláusulas sobre bancarrota para eludir demandas civiles por daños y perjuicios a esas instituciones. El descarte de la enmienda responde a presiones de grupos fundamentalistas vinculados a Karl Rowe –aspirante presidencial-, la Casa Blanca y la familia Bush.
Los líderes de las bancadas republicanas, mayoritarias en ambas cámaras, anunciaron que probablemente se apruebe el proyecto la semana próxima. George W. Bush quiere sancionarlo de inmediato. Se trata de las mismas reformas, favorables al mercado y los intereses privados, rechazadas por Bill Clinton en el 2000. Pasadas por un congreso ya muy derechizado, el entonces presidente se negó a firmarlas, ejerciendo una forma de veto ejecutivo.
Quienes auspician la nueva legislación sostienen que rebajará el costo de bienes y servicios para el público, pues les facilitará a empresas y bancos cobrar deudas pendientes y no transferirle el costo de morosos a otras instancias. Apuntan a que, en los últimos 27 años, las solicitudes de bancarrota se multiplicaron ocho veces.
A su vez, los críticos califican la reforma de “regalo disimulado a bancos y emisores de tarjetas, responsables reales del alto número de quiebras. Promueven agresivamente esos instrumentos y, después, la gente se endeuda tanto que deja de pagar. En particular, por la cantidad de gastos, recargos y punitorios ocultos”. Varios demócratas y algunos republicanos temen que las reformas desamparen a hogares de ingresos medios en casos de usura o acreedores abusivos, especialmente ante problemas de desempleo. Cabe apuntar que los cambios no afectan las bancarrotas institucionales, o sea de empresas, bancos, etc., ni a la ley Sarbanes-Oxley.
El triunfo oficialista del martes, de paso, abre una interna alrededor de la Casa Blanca. Al igual que en el caso de otra reciente ley -traba acciones colectivas ante el senado-, el arquitecto de las votaciones es William Frist, jefe de la bancada oficialista en la cámara alta, que compite en aspiraciones presidenciales con Rowe. Hábil y sin escrúpulos, Frist logró que todos los republicanos votasen el proyecto, única forma de asegurar la victoria. Pero, ahora, al “delfín” presidencial de los Bush (Jeb, actual gobernador de Florida) se suman Frist y Rowe.
En cuanto al futuro de la reforma, sus objetores esperarán las elecciones parlamentarias de 2006. Si su resultado afecta negativamente a ambas mayorías oficialistas, presentarán recursos contra la nueva legislación. Sobre todo si, para entonces, los resultados de la reforma son socialmente negativos. De lo contrario, sólo les restará aguardar a 2008, rezando por un sucesor demócrata o liberal en la Casa Blanca. Por hoy, ambos horizontes se ven difíciles de alcanzar.
La futura ley impedirá a muchas familias aprovechar las cláusulas más generosas del sistema actual de bancarrotas. El régimen les permitía extinguir deudas vía “borrón y cuenta nueva”. El nuevo, les impondrá costos adicionales a quienes busquen amparo legal acreedores abusivos, en tanto dará instrumentos a prestamistas y emisoras de tarjetas para recobrar deudas (es decir, acreencias).
Para asegurar el pasaje de las reformas, el Senado vetó una enmienda que hubiese impedido, a quienes protestasen violentamente contra clínicas donde se hagan abortos, apelar a cláusulas sobre bancarrota para eludir demandas civiles por daños y perjuicios a esas instituciones. El descarte de la enmienda responde a presiones de grupos fundamentalistas vinculados a Karl Rowe –aspirante presidencial-, la Casa Blanca y la familia Bush.
Los líderes de las bancadas republicanas, mayoritarias en ambas cámaras, anunciaron que probablemente se apruebe el proyecto la semana próxima. George W. Bush quiere sancionarlo de inmediato. Se trata de las mismas reformas, favorables al mercado y los intereses privados, rechazadas por Bill Clinton en el 2000. Pasadas por un congreso ya muy derechizado, el entonces presidente se negó a firmarlas, ejerciendo una forma de veto ejecutivo.
Quienes auspician la nueva legislación sostienen que rebajará el costo de bienes y servicios para el público, pues les facilitará a empresas y bancos cobrar deudas pendientes y no transferirle el costo de morosos a otras instancias. Apuntan a que, en los últimos 27 años, las solicitudes de bancarrota se multiplicaron ocho veces.
A su vez, los críticos califican la reforma de “regalo disimulado a bancos y emisores de tarjetas, responsables reales del alto número de quiebras. Promueven agresivamente esos instrumentos y, después, la gente se endeuda tanto que deja de pagar. En particular, por la cantidad de gastos, recargos y punitorios ocultos”. Varios demócratas y algunos republicanos temen que las reformas desamparen a hogares de ingresos medios en casos de usura o acreedores abusivos, especialmente ante problemas de desempleo. Cabe apuntar que los cambios no afectan las bancarrotas institucionales, o sea de empresas, bancos, etc., ni a la ley Sarbanes-Oxley.
El triunfo oficialista del martes, de paso, abre una interna alrededor de la Casa Blanca. Al igual que en el caso de otra reciente ley -traba acciones colectivas ante el senado-, el arquitecto de las votaciones es William Frist, jefe de la bancada oficialista en la cámara alta, que compite en aspiraciones presidenciales con Rowe. Hábil y sin escrúpulos, Frist logró que todos los republicanos votasen el proyecto, única forma de asegurar la victoria. Pero, ahora, al “delfín” presidencial de los Bush (Jeb, actual gobernador de Florida) se suman Frist y Rowe.
En cuanto al futuro de la reforma, sus objetores esperarán las elecciones parlamentarias de 2006. Si su resultado afecta negativamente a ambas mayorías oficialistas, presentarán recursos contra la nueva legislación. Sobre todo si, para entonces, los resultados de la reforma son socialmente negativos. De lo contrario, sólo les restará aguardar a 2008, rezando por un sucesor demócrata o liberal en la Casa Blanca. Por hoy, ambos horizontes se ven difíciles de alcanzar.
