¿Derechos civiles para agencias calificadoras de riesgo?
Floyd Abrams es el mayor experto en la primera enmienda constitucional, o sea el derecho de expresión. Ahora defiende a una firma ligada a la crisis de malas hipotecas y sus secuelas tóxicas: la firma Standard & Poors. Moodys y Fitch no lucen mejor.
<p>Este letrado de 74 años trabaja ya para la mayor agencia mundial de su tipo. La misma que, junto con Moody’s Investors Service y Fitch Ratings, otorgaba altos puntajes a miles de millones en endeudamiento inmobiliario, masa que acabó en el colapso de malas hipotecas a ambas orillas del Atlántico norte.</p>
<p>El trío lleva años explicando esas calificaciones –hoy golpean a España e Irlanda- y otros misterios que terminaron con firmas como Bear Stearns o Lehman Brothers y obligaron a rescates como el de American International Group (US$ 182.500 millones).</p>
<p>Docenas de particulares han radicado demandas contra las tres agencias, reclamando que se responsabilicen por arruinar miles de inversores. En otras palabras, las crisis financieras norteamericana (2006/09) y europea (desde 2009) se judicializa. El viejo Abrams y sus socios (el estudio Cahill, Gordon & Reindel) han asumido ya defensa en más de cincuenta demandas contra Standard & Poor’s.</p>
<p>El imaginativo abogado se basa en un argumento tirado de los pelos: las calificaciones de S&P gozan de los derechos civiles incluidos en la primera enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque sus opiniones sobre bonos y su calidad eran de buena fe y coincidían con las de medios especializados en sus respectivos temas. No es culpa de las agencias no haber previsto el descalabro hipotecario y financiero. Aunque varios observadores sí lo hicieron. Uno fue Barack Obama… al comenzar la campaña electoral.</p>
<p>En cuanto a varios los expertos legales, su actitud ante las originalidades de Abrams es ambivalente. Algunos admiten que pueden ser plausibles, pero la mayoría lo toma a risa. Especialmente, porque los actos de S&P o Moody’s desbordan los derechos civiles y rozan lo penal, o sea al fraude liso y llano.</p>
<p>Abrams no innova, aunque lo suponga. Si le va bien, su iniciativa podría poner a las calificadoras justo donde estaban las tabacaleras a mediados de los años 90: impopulares y virtualmente intocables para los jueces. Pero, ya a fines de esta década, su suerte cambió sustancialmente, pues la gente concluyó que esas empresas engañaban sobre sus productos. S&P y sus colegas corren un albur parecido.</p>
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